Ahora, a por la independencia

Esquerra Republicana y Junts han avisado este jueves al Gobierno de que la aprobación de la Ley de Amnistía es tan sólo un primer paso de su camino hacia la independencia. En concreto, ERC ha subrayado que tras esta norma debe llegar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, mientras que Junts ha dejado claro que con esta iniciativa «sólo se pasa página de la represión». Así lo han señalado en el debate sobre el dictamen de la ley en el Pleno del Congreso la ponente de ERC, Pilar Vallugera, y el de Junts, Josep María Cervera, quienes han exhibido sintonía en sus discursos un día después de la convocatoria de las elecciones catalanas para el próximo 12 de mayo.

En concreto, Vallugera ha asegurado que la Ley de Amnistía vuelve a poner a los independentistas «en condiciones de hacer frente al siguiente paso» para la resolución del conflicto político catalán: «el ejercicio del derecho de autodeterminación», que su formación no va a «dejar de reclamar».

NO ES SUFICIENTE

«La amnistía era condición de posibilidad pero no suficiente, seguiremos en el camino de la liberación nacional por los conductos democráticos, pacíficos, cívicos y dialogados», ha enfatizado la diputada de ERC. De su lado, Cervera se ha dirigido expresamente al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, para dejarle claro que «la única página que se pasa con la Ley de Amnistía es la de represión». «Ninguna más», ha aseverado el diputado de Junts. Además, los portavoces de ERC y Junts han coincidido en rechazar que la Ley de Amnistía sea una norma hecha «a medida» de los independentistas. Así, Cervera ha pedido a quienes difunden esa tesis que «dejen de confundir» porque, desde su punto de vista, se trata de un texto hecho «a medida de la represión» que, ha denunciado, se ha ejercido con «multas, espionaje, jueces, juicios, sentencias, terrorismo, inhabilitaciones, cárcel, exiliados» y hasta un «rey a medida».

En la misma línea, Vallugera ha recalcado que lo fue «desmedida» fue la actuación del Estado porque en el procés no «hubo delitos ni golpes de Estado». Además, ha hecho hincapié en que esta ley «es para la gente que puso el cuerpo no para quienes, con nombres y apellidos, pueden liderar un partido porque nosotros ya sabemos a qué nos exponemos», ha defendido Vallugera.

La diputada de ERC ha dado por hecho que habrá jueces que presenten cuestiones prejudiciales y de inconstitucionalidad pero ha incidido en que eso no será óbice para que la ley se aplique y que esas consultas no tengan que extenderse «necesariamente» a los casos de todas las personas beneficiadas por la amnistía.

De su lado, Cervera ha aprovechado su intervención para sacar pecho del plante de Junts en la anterior votación de la ley en el Pleno porque, según su relato, ha permitido aprobar una «amnistía integral que no deja a ningún independentista fuera y que es de aplicación inmediata».

También ha destacado que ahora la norma incluye a los condenados por el Tribunal de Cuentas se adapta a los estándares europeos y al Derecho Internacional e incorpora las recomendaciones de la Comisión de Venecia gracias a un informe que paradójicamente propició el PP.

El portavoz de Justicia de Bildu, Jon Iñarritu, se ha congratulado de la aprobación de lo que considera una «norma excepcional, pero justa», y de que haya una mayoría que tenga claro que el conflicto catalán deberá resolverse por la vía política.

Además, se ha afanado en afear las «incoherencias» en las que, a su juicio, ha incurrido el PP en relación con Cataluña, por ejemplo rechazando hace tres años unos indultos que, según ha trascendido de fuentes ‘populares’ ahora estarían dispuestos a conceder, con condiciones a Puigdemont. «¿En qué quedamos?», se ha preguntado, para concluir que en todo este proceso el PP «ha ido de farol».

También Mikel Legarda, del PNV, se ha mostrado convencido de que la norma «consolidará la normalidad en Cataluña» como ya pasó con los indultos y la reforma del Código Penal, tras un ‘procés’ desembocó en penas «desproporcionadas» y en una «persecución obsesiva» contra Cataluña que fueron gestionados con «impaciencia, intransigencia y errores básicos de todos».

Legarda también se ha dirigido al PP de Alberto Nuñez Feijóo para invitarle a allanar el camino con Cataluña.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido la Ley de Amnistía que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados este jueves al señalar que esta medida «cierra el ciclo» de las políticas hacia Cataluña que ha desplegado el Gobierno. Durante su intervención en la tribuna, López señaló que los socialistas se han arremangado para gestionar el «fracaso» del PP cuya «ausencia de política» generó enfrentamiento entre los catalanes y de ellos con el resto de españoles, según ha reprochado. «Los socialistas nos arremangamos para gestionar su fracaso, teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon y tomamos la iniciativa», ha señalado para referirse a las medidas que ha aplicado el Gobierno al conflicto en Cataluña: la Mesa de Diálogo, los indultos, la derogación de la sedición y ahora la Ley de Amnistía.

Enfrentamiento

En esta línea dice que con esta ley cierran el ciclo de las decisiones políticas con las que buscan acabar con el tiempo del «enfrentamiento» y abrir uno nuevo de «reconciliación y reencuentro». «Ese es el objetivo», ha enfatizado. Por el contrario, acusa al PP de preferir la división, el conflicto y el enfrentamiento de unos territorios y ciudadanos con otros. No obstante se ha mostrado convencido de que pasará el tiempo y los ‘populares’ «comprarán la Ley de Amnistía» igual que hicieron con otras normas a las que previamente se opusieron como el matrimonio homosexual, según ha añadido.

«Les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia y solo unos meses después gritaban ‘viva los novios’ en la boda de Maroto. Así que es posible que dentro de un par de años nos quieran convencer de que la amnistía la hicieron ustedes», ha lanzado a la bancada del PP.

Sostiene que las iniciativas del Gobierno configuran una política «valiente».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si va a «ceder el referéndum» como piden los independentistas tras aprobar la ley de amnistía y le ha avisado que «lo que tiene por delante no es una legislatura» sino «una agonía». Además, ha reclamado a los socialistas que no les «vendan» el mensaje de la «reconciliación» porque esta ley es «sumisión» y «divide a Cataluña en dos».

En su intervención en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que todo lo que está ocurriendo hace que el final de Pedro Sánchez «esté más cerca». «Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útil, le dejarán caer», ha advertido.

«Incapaz»

Feijóo ha afeado al jefe del Ejecutivo que no haya querido defender la posición del Gobierno y lo ha achacado a que hasta él es «incapaz de dar la cara por este delirio». Además, ha denunciado que el PSOE lo haya acatado «todo» al incluir en la norma los delitos de terrorismo, la corrupción y la alta traición, «hasta las multas por las que se malversó».

«Hoy traen ustedes la primera ley de la legislatura y la última, probablemente», ha pronosticado el presidente del PP, que ha subrayado que Pedro Sánchez «depende de lo que diga Puigdemont y de lo que haga el señor Ábalos». Por eso, ha subrayado que «lo que tiene por delante no es una legislatura sino la agonía de un presidente que se mantendrá» solo «si quiere» el expresidente catalán.

Tras asegurar que se está consumando «la estafa» del PSOE a sus votantes, el jefe de la oposición ha recalcado que se aprueba esta norma porque es la única forma que tiene Sánchez de seguir «un tiempo más de presidente». «Y por eso lo han aceptado todo», ha apostillado.

Además, el presidente del PP ha pedido a Sánchez y al PSOE que no les «vendan» el mensaje de la «reconciliación» porque esta ley «divide a Cataluña en dos». «Esto no es reconciliación, esto es sumisión», ha proclamado.

Asimismo, Feijóo ha recriminado al «partido de Sánchez» que esté cumpliendo todas las formas de corrupción: la de «llenar las instituciones con sus familiares, amigos y afines», «la de llenarse los bolsillos en tramas», en alusión al ‘caso Koldo’, y la de «llenar de privilegios a sus socios a cambio de votos».

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado el «mayor de los ataques a la Constitución». «La mayoría frankenstein de Sánchez ha culminado el mayor de los ataques a la legalidad, la igualdad, la separación de poderes y la Constitución», ha señalado.

La Comisión de Venecia aprobará este viernes su dictamen final sobre la ley de amnistía, tras un primer borrador que tuvo diferentes lecturas. Los miembros de la plenaria en la que se adoptará el informe definitivo escucharán, antes de su pronunciamiento, al presidente del Senado, Miguel Rollán, y a la secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal.

n El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha reivindicado la Constitución y la igualdad de todos los españoles tras la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, y ha garantizado que esta organización «siempre va a estar ahí para defender a los empresarios españoles».

La ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso --que aún debe pasar por el Senado— deja fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts y el PSOE en noviembre, sí que podrían haber tenido cabida como supuesto ‘lawfare’. Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol.

La proposición de ley se centra en los delitos relacionados con el ‘procés’, dejando fuera los demás ilícitos, entre ellos blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, así como cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre de 2011 o después del pasado 13 de noviembre.

Así las cosas, el caso de Boye escapa al alcance de la amnistía. Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirmó en noviembre de 2022 la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de enviarle a juicio por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la conocida como ‘Operación Mito’, por la que también están procesados el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo -—Sito Miñanco’— y otras 47 personas. La instructora del sumario, María Tardón, procesó en 2021 al abogado por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de ‘Sito Miñanco’ en el aeropuerto de Barajas. La Fiscalía pide que sea condenado a nueve años de cárcel.

La amnistía que ha recibido el visto bueno de la Cámara Baja tampoco abarca la condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña la condenó en marzo de 2023 a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. El propio TSJ, sin embargo, propuso un indulto parcial para Borrás que rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. Borràs fue condenada por unos encargos relacionados con la página web de la ILC. Según la sentencia, fue ella quien hizo el encargo directa y personalmente incluso antes de que la junta de la ILC aprobara el proyecto, «a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo».

EL CLAN DE LOS PUJOL

El ámbito de la norma deja fuera a su vez la causa relacionada con el ex presidente de Cataluña Jordi Pujol y sus siete hijos, quienes permanecen a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. Se les acusa de formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de «su posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana para acumular un «patrimonio desmedido». Anticorrupción pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre cuatro y 17 años y medio para los demás.

El primer instructor del caso, el magistrado José De la Mata, dio por acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Pujol.