Cangrejos, bogavantes, chanquetes... los productos caducados hace dos años con destino a la feria de abril
Últimos preparativos en el ferial y las casetas de la Feria de Abril este sábado.
La Guardia Civil ha paralizado en Sevilla cuatro toneladas y media de pescado tras detectar a operarios de una empresa de la localidad de Alcalá de Guadaíra cuando reetiquetaban las fechas de consumo preferente de productos pesqueros congelados, de los que una parte podrían estar destinados a la Feria de Abril.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil, con motivo de la prevención del comercio de productos no aptos para su consumo durante la Feria de Sevilla 2024, ha informado este sábado el instituto armado en un comunicado.
Según los indicios obtenidos en las investigaciones, la empresa compró el producto a sabiendas que su fecha de consumo preferente estaba vencida o superada desde hace dos años.
Entre los productos figuran cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes, con un peso total de más de cuatro toneladas y media.
La inspección tuvo lugar hace unos días en el almacén de la empresa investigada, donde se han hallado palés de lomos de bacalao congelado con fecha de consumo preferente de junio del año 2022, con nuevas etiquetas con fecha de 2026.
Esto llevó a los agentes a una inspección más exhaustiva del almacén, donde encontraron productos pesqueros de diferente naturaleza con fecha de caducidad vencida, algunos ya reetiquetados.
Una vez inspeccionada la mercancía, veterinarios del área de salud pública de Alcalá de Guadaíra decretaron el no apto para el consumo y los productos quedaron precintados en las propias instalaciones, a la espera de su destrucción por una empresa autorizada.
Hasta el momento hay implicadas al menos seis personas, a quienes se les investiga por presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública, aunque el Seprona continúa con la instrucción de diligencias y estudio de documentación, y no se descarta la implicación de más investigados.
En la inspección se ha contado con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) de la Junta de Andalucía, un técnico de trazabilidad del servicio de pesca de Sevilla, y de un veterinario de salud pública de Alcalá de Guadaíra.