La Fiscalía mantiene la acusación a Puigdemont por 3,1 millones de euros
Concluye que hubo un menoscabo de fondos públicos en la organización del 1-O
A puertas de las elecciones del 12 de mayo en Cataluña y con la amnistía en fase de tramitación parlamentaria, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de responsabilidad contable de 3,1 millones de euros -a pagar de forma conjunta y solidaria- contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 excargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern.
El fiscal Manuel Martín-Granizo considera que hubo un menoscabo de fondos públicos en su escrito de conclusiones, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su informe definitivo. Una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.
La consejera Hernáez pidió el informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del ‘procés’, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.
En el caso de Puigdemont, el escrito del fiscal considera que tiene una responsabilidad contable por su «participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña, que la Ley de Acción Exterior permite a las comunidades autónomas».
El Ministerio Público reclama 3,1 millones de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas.