Envían una bomba simulada al juez que investiga la conexión entre Rusia y Puigdemont

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona recibió el pasado jueves un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del tribunal antes de que pudiera ser abierto o manipulado. El envío, según confirmaron a este periódico fuentes de la seguridad del Estado, solo contenía un temporizador electrónico, al que acompañaba una bolsa que pretendía aparentar que estuviera cargada con algún tipo de explosivo plástico.

La detección de este paquete ha provocado preocupación entre los Mossos d’Esquadra y entre los especialistas del Ministerio del Interior, habida cuenta de que el titular de este juzgado, Joaquín Aguirre, tiene entre manos varias causas muy sensibles. Entre ellas, sobre todo, el llamado caso ‘Volhov’, que investiga las supuestas conexiones entre el independentismo catalán y el espionaje Ruso durante el procés independentista de 2017.

Aguirre —como también lo es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga a la plataforma Tsunami por la que ha acabado imputado por terrorismo Carles Puigdemont— se ha convertido en uno de los togados más odiados del independentismo.

Aguirre también instruye el caso Negreira, que involucra a altos cargos del Fútbol Club Barcelona en una presunta trama de corrupción. Se trata de un sumario que en ciertos círculos radicales independentistas también se ve como una maniobra anti-catalana. El envío de la falsa bomba a este magistrado tiene lugar de que éste haya sido señalado por diferentes fuerzas políticas catalanas como uno de los exponentes del denominado ‘lawfare’, la supuesta guerra sucia de la clase judicial española contra el independentismo.

Alta traición

El pasado febrero el nombre de Aguirre fue particularmente señalado por el independentismo después de que éste acusara poco menos que de alta traición contra Puigdemont por sus contactos en el 2017 con los servicios secretos de Moscú, además de con dirigentes de la ultraderecha alemana e italiana, en busca supuestamente de apoyos económicos y militares para el procés. Y ello a sabiendas de que entraba de lleno en la estrategia de Vladímir Putin de utilizar Cataluña para «desestabilizar» la UE. Aguirre situó entonces en el epicentro de esta trama al exdirigente de CDC Víctor Terradellas y al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ambos, estrechos colaboradores del expresidente fugado. Aguirre indaga desde octubre del 2020 las injerencias rusas en Cataluña, en el marco de una investigación que originariamente era sobre el desvío de fondos públicos para financiar el órdago independentista. A raíz de la intervención de teléfonos móviles de 18 de los implicados se fueron conociendo los vínculos de Puigdemont y su entorno con el Kremlin.

De hecho, el propio Puigdemont llegó a tener el 27 de octubre del 2017, día de la declaración unilateral de independencia (DUI), una reunión con intermediarios rusos, entre ellos Nikolái Sadovnikov, supuestamente enviado por Putin, en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat. En este encuentro también estuvieron Elsa Artadi y Víctor Terradellas. Los rusos, además de prometer los mercenarios, se ofrecieron a ayudar a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de euros de deuda pública de Cataluña con España. En su declaración, Terradellas confirmó que los emisarios de Moscú ofrecieron soldados y dinero, pero quitó hierro a esas propuestas.