La Fiscalía exime a los mandos de Cerro Muriano y señala al capitán por la muerte de los soldados
Imagen minutos después del accidente.
La Fiscalía Jurídico Militar, cuyo cometido debe ser la defensa de la legalidad y del interés público, ha remitido un recurso al Tribunal Militar Territorial Segundo para que revoque y deje sin efecto el auto del juzgado togado que imputó a varios mandos de la base de Cerro Muriano (Córdoba) por su presunta responsabilidad en la muerte por imprudencia de los dos soldados ahogados el 21 de diciembre pasado durante un ejercicio.
El fiscal jefe del caso, coronel auditor Manuel Antonio Marín, considera que no hay indicios para extender la investigación contra dos coroneles, un teniente coronel y un comandante por la presunta comisión de un delito contra la eficacia en el servicio (artículo 77 del Código Penal Militar) o en su caso contra los deberes de mando (artículo 63 del Código Penal Militar). La razón que llevó al juzgado togado a trasladar la causa al Tribunal Territorial por tratarse de oficiales aforados.
El fiscal jefe muestra su "absoluta disconformidad" con la tesis del instructor, según la cual el capitán Ignacio Zúñiga, responsable de la fatídica actividad en la que murieron el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez, "elevó a la superioridad el programa de actividades, que incluía el cruce del lago/pantano, y que ni uno de los coroneles ni el teniente coronel (imputados) valoraron previamente las circunstancias en la que se iba a realizar el ejercicio".
Por el contrario, el representante del Ministerio Público centra en el capitán Zúñiga la confección de la instrucción, las maniobras realizadas en la base entre el 18 y 22 de diciembre y afirma que éste "no solicitó apoyo de otras unidades, por lo que los mandos superiores consideraron que el citado oficial realizaría el cruce del paso de agua por la zona donde se hace pie, constando que únicamente solicitó por escrito apoyo sanitario para la actividad".
En relación con este asunto, señala el fiscal jefe en su escrito, el capitán manifestó en su declaración que adoptó las medidas de seguridad que "consideró necesarias y suficientes para la correcta realización de la actividad, en concreto colocar una cuerda de escalada de unos 120 metros de largo, por encima del agua, sujeta a un árbol, de extremo a extremo". En suma, añade, este fue el programa que supervisaron los mandos superiores sin ver nada extraño que conllevara un riesgo para los soldados. Finalmente, el capitán Zúñiga fue el responsable final de la ejecución del entrenamiento, defiende el fiscal jefe, y su misión era controlar la "correcta realización" de la actividad, "adoptando las medidas de seguridad necesarias, pudiendo suspender, cancelar o modificar si las circunstancias del lugar, del personal participante o la situación así lo aconsejaban". El escrito corrige además algunos de los informes, circulares y normativas citados por el titular de Juzgado Togado Militar número 21 para imputar a los mandos de la base "por su errónea interpretación". Consultado al respecto, el abogado penalista y doctor en Derecho Luis Romero, que ejerce la acusación particular en representación de la familia del soldado Carlos León, considera que la postura de la Fiscalía togada parece propia de los abogados defensores de los mandos militares investigados, sin dar importancia que tiene la labor de supervisión y control en los ejercicios. De hecho, prevé enviar una carta abierta a la ministra de Defensa denunciando una vez más la falta de medios para realizar estas actividades.