El juez elige a la unidad policial del ‘caso Koldo’ para investigar a Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación judicial en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de sus actividades empresariales.

El juez se dirigió la semana pasada a esta unidad especializada en la lucha contra la corrupción para que se encargara de las diligencias como policía judicial. La UCO es el mismo grupo que está investigando el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, que salpica al Gobierno por las presuntas comisiones irregulares en la adjudicación de varios contratos de mascarillas en pandemia, o la ‘operación Brody’ que afecta a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF). En suma, el juez Peinado se decanta ahora también por los agentes del instituto armado en detrimento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que suele ser el otro grupo competente para investigar este tipo de hechos denunciados.

La UCO, por lo tanto, será quien reciba las órdenes del instructor para llevar a cabo las diligencias que estime oportunas. Con la salvedad, eso sí, de que al haberse declarado secretas las actuaciones solo el juez Peinado y la Fiscalía de Madrid tendrán acceso al resultado de sus pesquisas. Intervención de los teléfonos La primera decisión que tendrá que tomar el magistrado será decidir si, tal y como reclamó la semana pasada Manos Limpias, reclama a la Moncloa los teléfonos de Begoña Gómez para conocer sus conversaciones con los empresarios a los que asesoró.

En concreto, el escrito de los denunciantes pretende acceder a las terminales de la mujer de Sánchez y examinar «la lista de llamadas» de esos teléfonos «para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí», la SEPI, Air Europa y los empresarios Carlos Barrabés -a quien Gómez habría avalado por carta en adjudicaciones públicas que sumaron diez millones de euros-, Víctor de Aldama, el comisionista imputado en el citado «caso Koldo», y el CEO de Globalia Javier Hidalgo, con quien se habría reunido mientras se sustanciaba el rescate a Air Europa, compañía bandera del grupo, con más de 474 millones de dinero público por los efectos de la pandemia.

Además, el colectivo dirigido por Miguel Bernad, a quien el Tribunal Supremo absolvió en marzo pasado de los delitos de extorsión y estafa por los que fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel, solicitó al instructor que reclame el listado de entidades privadas y públicas con las que Begoña Gómez, que no está imputada por ahora por estos hechos en las diligencias incoadas por el juzgado, «ha tenido relación a través de IE África Center (proyecto social del Instituto de Empresa)», del que fue directora.

En paralelo, la Fiscalía de Madrid ya presentó un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial en la que solicitaba que revocará el auto por el que Peinado aceptó la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez y archivara la causa por no haber indicios de delito en los hechos relatados por el pseudosindicato. No obstante, los juristas consultados ponen el acento en que la entrada y registro en la Moncloa o la intervención de algún teléfono parece una medida desproporcionada, porque el delito denunciado tiene una pena de entre seis meses y dos años, es decir, no es grave.