El Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de memoria Democrática
Ordena que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es compatible o no que asuma el cargo al ser pareja de Garzón
Imagen de la que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado. JAVIER LIZÓN
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este martes, por mayoría, anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ha ordenado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta decisión al estimar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez —candidato al cargo— contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.
Así lo ha informado este martes el alto tribunal, que ha adelantado su fallo y que en los próximos días hará pública la sentencia en la que esboza los argumentos en los que sustenta su decisión. Es la segunda resolución del Supremo que anula un nombramiento de Delgado, dado que el pasado noviembre ya invalidó su designación como fiscal togada del TS.
Según ha precisado el tribunal, esta vez los magistrados han anulado el Real Decreto de 13 de junio de 2023 por el que se nombró a Delgado y han ordenado que se retrotraigan las actuaciones para que el órgano consultivo de la Fiscalía se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), relativo a las compatibilidades de cargo.
Así las cosas, el tribunal ha aceptado las peticiones de las dos asociaciones y del fiscal antidroga, que reclamaban al Supremo que declarase la nulidad de este nombramiento y retrotrayera las actuaciones al momento anterior de la designación de Delgado.
LOS RECURSOS
Los recurrentes alegaban que el nombramiento no fue válido porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.
El nombramiento impugnado se decidió el 8 de junio de 2023 en un tenso Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar tras la polémica generada por la decisión del fiscal general de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.
baltasar garzón
Una vez iniciada la reunión del órgano consultivo, los siete vocales de AF y APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la también exministra de Justicia incurría en causa de incompatibilidad por su relación con Garzón.
García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza, algo que —según la AF— impidió que la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento se formara correctamente y supondría «una nulidad de pleno derecho».
El jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) —a la que pertenecieron tanto él como ella— y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. Cabe recordar, no obstante, que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra. Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado el 13 de junio.
El Supremo ha anulado este nombramiento casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara la sentencia por la que el propio tribunal --el pasado noviembre-- ordenó anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del TS al entender que se produjo con «desviación de poder» por parte del fiscal general.
En aquella ocasión, el tribunal estimó en parte el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, ordenando retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza» de fiscal de la Sala Togada del Supremo.