Diario de León

Dos policías heridos declaran en el caso Tsunami que llegaron a temer por su vida

Abogados de los policías heridos por las protestas de Tsunami Democratic. FERNANDO VILLAR

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Agencias
Madrid

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Dos policías heridos en los disturbios en la plaza de Urquinaona de Barcelona el 18 de octubre de 2019 en protesta por la sentencia del ‘procés’, han declarado ante el juez del caso Tsunami que ese día temieron por su vida y llegaron a pensar que los manifestantes «buscaban un muerto» entre los agentes.

Los dos, que han coincidido en destacar la perfecta organización de los manifestantes para causar daño y la «violencia extrema» que vivieron, han comparecido este martes como testigos en esta causa abierta por delitos de terrorismo y en la que están personados como acusación particular.

Los dos ya han reclamado al Ministerio del Interior ser reconocidos e indemnizados como víctimas del terrorismo por los daños físicos y secuelas sufridas en esos incidentes, tras los que tuvieron que pasar a la jubilación anticipada por incapacidad permanente.

Uno de los agentes que ha declarado ante el juez Manuel García Castellón recibió un golpe en la cabeza por el que tuvo que ser ingresado en la UCI, mientras que el otro sufrió una «grave fractura».

Críticas al Supremo

Un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reactivara la causa de Tsunami Democràtic, con las citaciones la próxima semana del grueso de investigados y la apertura de una nueva línea de investigación contra el expresidente catalán Quim Torra, buena parte de los acusados que residen en el extranjero difundieron este martes un comunicado para dejar claro que seguirán defendiendo su inocencia y desobedecerán a los llamamientos de la justicia.

Estos once encausados en las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo por las protestas de la plataforma en 2019, en respuesta a la sentencia del ‘procés’, señalaron que los órganos judiciales hacen un «uso fraudulento del delito de terrorismo» para evitar la aplicación de la Ley de Amnistía. Denuncian que los jueces García Castellón o Manuel Marchena «no son competentes ni imparciales» y les reprochan haberse alineado con la extrema derecha para construir «una causa política».

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