La PAC más protestada de la historia pone el foco de los partidos en el sector agrario

El desembarco en 2023 de la nueva Política Agraria Común (PAC), con vigencia hasta 2027, se convirtió en el germen de las más masivas movilizaciones agrarias de la historia reciente, un movimiento ‘civil’ que comenzó en países como Alemania y Francia y que se extendió a León y luego al resto del país a principios de febrero de 2024.

La escenificación del poder de los agricultores y ganadores en la calle, productores de uno de los puntales de la economía leonesa, obligó al Ejecutivo comunitario y a los países miembros a repensar, aunque solo temporalmente, una PAC con un marcado carácter medioambiental que, según el sector, atentaba directamente contra los intereses agrarios y cuyas consecuencias repercutían negativamente en la sociedad.

Hoy, la política agraria se ha convertido en uno de los temas estrella de la campaña electoral de los comicios europeos del 9 de junio, con un lugar destacado en los programas de todos los candidatos.

La vinculación de las decisiones de Bruselas en el sector agrario y ganadero local obliga a estar muy pendiente de las diferentes propuestas que se barajan en esta campaña y que difieren sensiblemente según el signo político de los contendientes. Todas ellas giran en torno a la preponderancia del sector primario, aunque es el Pacto Verde europeo el que decanta las opciones entre que la agricultura se someta a estas directrices de conservación ambiental, como proclaman los partidos progresistas, o que dicha agenda se borre del mapa directamente, que es la consigna de las formaciones de la derecha.

El impacto de la PAC

El impacto directo de la PAC en León ronda los cien millones de euros anuales. Son más de 6.800 los perceptores de las ayudas agrarias europeas, según las solicitudes aprobadas en 2023, que han recibido en su conjunto 97,3 millones de euros. Es la cuarta provincia de Castilla y León en la que más impacto económico tiene la PAC, por detrás de Salamanca, Burgos y Valladolid.

Debido a las modificaciones que ha supuesto la implantación de esta nueva PAC, el periodo de pago de las ayudas directas finalizará el próximo 30 de junio y será entonces cuando se complete el desembolso de los 4.875 millones de euros que deben percibirán los 622.400 agricultores y ganaderos que presentaron su solicitud única en 2023 en todo el país.

Estas modificaciones se refieren a los ecorregímenes, aquellas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente de carácter voluntario y que supondrán la recepción de más ayudas, o los nuevos requisitos para cumplir la condición de agricultor activo que obliga a realizar controles adicionales.

En los programas de los diferentes partidos se especifica la tendencia de sus políticas agrarias. Así, el PSOE defiende una PAC «en la que se tengan en cuenta las realidades climáticas y agronómicas de nuestro país, y se apoye eficazmente a las necesidades reales de agricultores y ganaderos, especialmente de las explotaciones familiares».

Asimismo, hace hincapié en simplificar los trámites administrativos y en reforzar las políticas de I+D en agricultura y ganadería.

Por su parte, el PP no tiene definida en su manifiesto su propuesta agraria, aunque su postura queda clara en las declaraciones de sus candidatos. Así, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, sostiene que la apuesta de su formación por reforzar la PAC es asegurar la competencia leal en precios y comercio de productos agroalimentarios, diseñar un Pacto Europeo del Agua que garantice una gestión adecuada del recurso para su uso agrícola y ganadero, y la reducción del IVA en carne, pescado y conservas. También ha señalado que el PP «entiende la importancia de la agricultura y la ganadería para conservar el medio ambiente y fijar población en el entorno rural».

A Sumar le parece liviano el Pacto Verde. En su propuesta electoral, señala que promoverán una transición justa hacia la agroecología a escala europea a través de un cambio en la orientación de los subsidios. En primer lugar, debe revisarse el modelo de ayuda directa por unidad de superficie, que beneficia esencialmente a las grandes explotaciones y no a la agricultura familiar. A su vez, debe desincentivarse el modelo superintensivo basado en agrotóxicos mediante la dedicación del grueso del presupuesto de la PAC a fomentar el cambio de modelo: apoyo directo a la agroecología y la agricultura regenerativa y pago por servicios ambientales agrosistémicos.

Desde Vox, su apuesta es firme por la derogación del Pacto Verde Europeo y el combate a la Agenda 2030. El cabeza de lista del partido, Jorge Buxadé, «el consenso entre socialistas y populares para avanzar en una agenda ecologista radical ha resultado nefasto para nuestro campo, nuestra industria, el empleo y la soberanía energética y alimentaria de España».

La principal reivindicación del sector se centra en los precios justos para los productores, con el reequilibrio de la cadena de valor que compense el trabajo en el campo y el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria que ya está aprobada en España. En la UE está pendiente actualizar la directiva sobre prácticas comerciales desleales.

La simplificación y flexibilización de la PAC, con una política que permita reducir la carga administrativa y eliminar las barreras burocráticas. Escuchar la voz de los agricultores y ganaderos en busca de un sistema alimentario sostenible e invertir en innovación y digitalización del sector agrario.

Equiparar los productos que entren de otros países a las exigencias medioambientales, sanitarias y laborales que se aplican a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Priorizar los productos comunitarios frente a las importaciones sin control que no cumplen la normativa.

Abordar con medidas eficientes el relevo generacional porque el campo español necesita incorporar 20.000 agricultores cada año para sostener el sistema agrario. Formación, asesoramiento, acceso a la tierra y beneficios fiscales son medidas para hacer atractiva la profesión.

Las movilizaciones agrarias llevaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) a pactar un paquete de 43 medidas con las organizaciones agrarios, acuerdo que no firmaron dos de los sindicatos, Asaja y Coag. Aunque anunciaron en su día que seguirían las movilizaciones, no ha habido grandes protestas desde entonces, mientras la tramitación de las medidas flexibilizadas de la PAC avanzaba en Bruselas.

De momento, las modificaciones no han entrado en vigor a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), aunque ya han recibido el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembros.

Los cambios afectan a algunas de las prácticas ambientales que se deben cumplir com condición para recibir subsidios de la PAC y eximen a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad.

Las modificaciones también tienen como objetivo simplificar las reglas y reducir la carga administrativa. Los cambios introducen exenciones en algunos de los principios respetuosos con el medio ambiente ya para 2024, por lo que los agricultores podrán aplicar las condiciones medioambientales revisadas en sus solicitudes de ayuda financiera de la UE este año.

Así, en el caso de la cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles, los Estados miembros tendrán más flexibilidad para decidir qué suelos proteger y en qué estación, basándose en las especificidades nacionales y regionales.

En cuanto a la rotación de cultivos, seguirá siendo la práctica habitual, pero los países podrán usar la diversificación de cultivos como alternativa. Además, se les animará, de manera voluntaria, a mantener tierras en barbecho o crear elementos no productivos.