Los fiscales advierten: «La malversación no es amnistiable»

Primer importante y grave escollo a la aplicación total de la recién aprobada ley de amnistía y los planes del Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para el regreso inmediato de Carles Puigdemont. Los fiscales del Tribunal Supremo encargados de la causa del procés informaban al fiscal general del Estado de que los delitos de malversación de caudales públicos por la intentona secesionista —uno de los ilícitos de los que está acusado el expresident huido y por el que ya está condenado entre otros Oriol Junqueras— no son amnistiables, según el criterio de la Unión Europea.

Y que, por tanto, el Ministerio Público del Supremo no tiene intención de pedir al alto tribunal que levante las órdenes de detención y otras medidas cautelares del proceso dictadas por el 1-O, entre otros contra el expresidente de la Generalitat huido, contra quien sigue pensando una orden de captura que se ejecutará cuando vuelva a España, salvo que el juez Pablo Llarena la levante en ejecución de la amnistía.

Los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que se encontraron durante una hora y media con Álvaro García Ortiz, entregaron al máximo responsable del Ministerio Público un vasto informe en el que sostienen que no hay forma de borrar el delito de malversación, ni siquiera con la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Y ello porque el artículo 4 de la Directiva 2017/1371 de 5 de julio de 2017, impide la posibilidad del borrado penal de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Los fiscales del procés, tanto de forma oral como en su informe, sí que defendieron que la amnistía sí que borraría a todos los efectos los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, que son los tipos penales de los que se acusa Puigdemont y a otros cabecillas independentistas.