El debate sobre el lobo «salta» al Parlamento y pone en cuestión su propia Directiva de Hábitats

La gestión del lobo y los problemas de convivencia que esta emblemática especie puede ocasionar en la ganadería extensiva ha protagonizado en los dos últimos años intensos debates en Europa.

Por un lado, están las voces que quieren que la especie, declarada oficialmente en peligro de extinción, siga gozando del más lato nivel de protección como el que ahora mismo tiene en España tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que impide hacer cualquier control poblacional, y por su puesto, cinegético, y las que creen que se podría rebajar ese nivel protección para capturar a aquellos ejemplares que supongan una amenaza para la ganadería.

Más allá de la importancia por preservar una de las especies más emblemáticas de España, y que en la década de los ochenta estuvo a punto de desaparecer, el lobo juega un papel en las elecciones europeas que traspasa la esencia del conservacionismo,

Estar a favor de flexibilizar el nivel de protección del lobo, significa para partidos como el PP y Vox, ponerse del lado de las organizaciones agrarias y ganaderas, y por lo tanto de las zonas rurales que llevan años clamando por medidas que les ayuden a proteger al ganado frente a los ataques del lobo.

Al otro lado, está la postura conservacionista del Gobierno, que busca la manera de equilibrar la protección de una especie cuyo declive poblacional se ha ido revirtiendo en los últimos años con una convivencia, la ganadera, que nunca acaba de cuajar.

Castilla y León, en parte por la presión que hasta ahora se ha ejercido por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, con el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, a la cabeza, ha capiteneado la mayor parte de las iniciativas llevadas al Parlamento Europeo para rebajar a la protección del lobo, y para devolver a las comunidades autónomas la gestión de la especie, sobre todo en aquellas que concentran la mayor parte de las poblaciones.

En frente, la férrea postura del Gobierno y de su ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, que en septiembre de 2021 incluyo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), tras una dudosa Conferencia Sectorial en la que no se tuvieron en cuenta los votos negativos de las cuatro comunidades autónomas que concentran el 95% de las poblaciones loberas del país, Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria.

Desde entonces el tira y afloja entre Castilla y León y el Gobierno sobre el estatus de protección de la especie se ha centrado en Europa, donde otros países reclaman también flexibilizar el nivel de protección de la especie ante su expansión por el continente.

A finales del año pasado, la Comisión Europea propuso a los países de la Unión Europea (UE) modificar el estatuto de protección del lobo para que pase de estar «estrictamente protegido» a únicamente «protegido». Esta propuesta se entendió como una victoria de Castilla y León, que entendió que su propuesta para que la gestión corra a cargo de las comunidades autónomas empezaba a tomar fuerza.

La Comisión, por su parte, alega que el estatuto de protección del lobo se adoptó en 1979 —en virtud del Convenio internacional de Berna sobre la conservación de la fauna y flora silvestres y los hábitats naturales de Europa—, teniendo en cuenta los datos científicos disponibles en el momento de las negociaciones.

Sin embargo, aseguró que, según los datos recogidos recientemente, las poblaciones loberas se han incrementado «considerablemente» en las últimas dos décadas y plantean nuevos retos, especialmente en algunos territorios de la UE donde han aumentado los ataques al ganado.

Para tomar una decisión en base a los datos científicos, Bruselas instó a las autoridades nacionales y locales a pronunciarse sobre esta propuesta que, en caso de adoptarse, será presentada por la UE al Comité Permanente del convenio de Berna para posteriormente proponer la adaptación del estatuto de protección del lobo en el club comunitario.

Sin embargo, la organización ecologista WWF pidió a los países de la UE rechazar esta propuesta, ya que considera que está motivada por «razones personales» de Von der Leyen y que no tiene «justificación científica», pues defiende que el lobo no ha alcanzado un estado de conservación favorable en la mayoría de los Estados miembros.

Europa ha pedido a los países que actualicen todos sus censos poblacionales antes de tomar una decisión.

El último informe apunta a que existen en toda la UE unos 20.300 lobos, 900 más que los que se detectaron en 2022. Hay ejemplares en todos los países miembro, excepto en Irlanda, Chipre y Malta Primero.

Una vez que se tenga toda la información actualizada los países de la Unión Europea deben decidir si aceptan la propuesta, lo que implicaría modificar el convenio internacional de Berna sobre la conservación de la fauna y la flora silvestres y los hábitats naturales de Europa, cuya comisión no se reúne hasta diciembre de 2024. Y, si se llegara a un acuerdo ahí, habría que modificar a continuación la Directiva Habitats que requiere la unanimidad de todos los países.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) insiste en la necesidad de apoyarse en la comunidad científica antes de retirar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Por este motivo desde el ministerio se trabaja en la redacción del censo nacional sobre la especie, ya el último es de 2014, para lo cual se ha pedido la colaboración de todas las comunidades autónomas.

Precisamente, la semana pasada el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado que Castilla y León y Galicia son las dos comunidades que aún no han remitido al Gobierno los datos de la situación del lobo, para elaborar una nueva evaluación sobre el «estatus de protección» de este cánido en Europa.