El debate de la inmigración ilegal olvida la aportación de los migrantes regulados

La inmigración intensifica su presencia en el debate de la campaña europea, con un peso creciente en los resultados electorales, sobre todo de la mano de los partidos de extrema derecha. Con un discurso que los expertos consideran alimentado por tópicos y volcado en la desinformación, y califican de alejado de la realidad, la polémica se centra en los migrantes ilegales, pero olvida no sólo las necesidades, sino la aportación de aquellos que viven y trabajan en una situación regulada. Mientras los 27 miembros de la Unión Europea cuentan con estos trabajadores de otros países para hacer frente al envejecimiento y a la pérdida de la fuerza laboral, el polémico y manipulado discurso de la migración sirve para alimentar discursos exacerbados. No siempre ajustados a la realidad de los hechos.

En materia migratoria los discursos de todo el arco político se centra sobre todo en el control de las fronteras y las diversas propuestas de acogida o expulsión de los migrantes irregulares y quienes buscan refugio y asilo político. Sin embargo, a la hora de analizar el peso de la inmigración en la realidad social de la Europa de los 27, los datos de la Comisión Europea son esclarecedores. Casi 447 millones de personas viven en los 27 países comunitarios, y de ellos apenas un 5,3% son migrantes. Otro 8,5% (unos 38 millones) han nacido fuera de Europa, pero tienen ya la nacionalidad de alguno de los países comunitarios.

En el caso de la provincia de León, de los poco más de 447.000 habitantes con los que inició este año, en un alarmante proceso de declive demográfico sobre el que hace ya demasiado tiempo que han saltado todas las alarmas, los extranjeros que cuentan con tarjeta de residencia y su situación regulada se acercan ya a los 28.000. Y siguen creciendo. Aún así, son poco más del 6% del conjunto de la población provincial. Sólo en el último año este grupo de población se ha incrementado en un millar de personas.

En el mercado laboral

De ellos son 10.555 los extranjeros que están afiliados como trabajadores o autónomos en la Seguridad Social, es decir, están desarrollando una actividad laboral regulada. Y un dato a tener en cuenta, a la hora de señalar a determinados colectivos de extranjeros frente a las preferencias por otros más afines culturalmente: 7.368, es decir, el 70% de los trabajadores extranjeros que están cotizando al sistema social español, proceden de países que no son de la Unión Europea.

Ya antes de la crisis financiera de 2008, cuando la debacle poblacional y laboral leonesa era evidente, la fuerza laboral (y cotizante) extranjera se planteaba como el único recambio capaz de sostener en Estado del bienestar, y sus prestaciones (también las pensiones). La crisis económica frenó estas expectativas, que renacieron con la recuperación económica de finales de la pasada década. No se han detenido tampoco durante la pandemia. Desde 2017 el número de extranjeros que viven y trabajan en León crece sin parar, según los datos del Observatorio de Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sobre la inmigración irregular no hay cifras fiables. Sólo la realidad que viven las asociaciones e instituciones que en León atienden a quienes buscan asilo, sea político o simplemente de supervivencia. Es una realidad a atender, pero no la participación más relevante de la inmigración en el presente y el futuro de una provincia, un país y un continente que no puede seguir adelante sin ellos.