El Supremo prohíbe que el Govern acceda a todos los informes del CNI sobre espionaje
La Generalitat pedía el fin del secreto de las notas que revelan por qué se investigó a Aragonès
El ex presidente de Cataluña, Pere Aragonès, en una imagen de archivo. QUIQUE GARCÍA
El Supremo frena el intento del Gobierno catalán de que vean la luz los documentos claves de los servicios secretos sobre el espionaje con el ‘malware’ Pegasus al independentismo. El alto tribunal fija los límites a la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que pudieran poner en riesgo los sistemas y métodos de los servicios de inteligencia y, en una resolución del 28 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico, prohíbe que el Gobierno pueda levantar el velo de los informes más comprometedores del CNI sobre la vigilancia a Pere Aragonès ya con Pedro Sánchez en la Moncloa.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza el recurso que planteó la Generalitat en nombre del actual presidente en funciones catalán, al entender que la pretensión de acceder a la totalidad de los informes sobre el uso de Pegasus para infectar el móvil del ahora jefe de Govern no cabe dentro de un «expediente administrativo», como el que se desclasificó para enviar al juez de Barcelona que investiga a los responsables de aquellos ‘hackeos’ sin precisar la motivación de los mismos.
La consecuencia inmediata de este auto es que, por ahora, seguirán sin ver la luz los papeles que explican por qué el Ejecutivo de Sánchez decidió espiar a Aragonès en plena ofensiva de desestabilización en las calles de Tsunami Democràtic en otoño de 2019 en protesta contra la condena por el Supremo de los líderes del ‘procés’ que no huyeron; y las sospechas que pudiera tener el CNI sobre el papel en las revueltas del entonces vicepresidente de Cataluña, que nunca ha sido investigado en las causas por los incidentes. Sí lo están, por presunto terrorismo, su correligionaria en ERC Marta Rovira y Carles Puigdemont.
Los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron un recurso contencioso el 18 de marzo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de enero de 2024 sobre el espionaje.