Los fiscales mantienen que Puigdemont se lucró con la malversación del 1-O

Los cuatro fiscales del ‘procés’ presentaron este miércoles su escrito sobre la ley de amnistía, de nueve páginas, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, les había pedido para contestar en plazo tanto al juez Pablo Llarena como a la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo que juzgó la intentona secesionista de octubre de 2017. El criterio de los fiscales se mantiene firme y es el mismo que le presentaron hace dos semanas al fiscal general en un extenso informe. Concluyen que la amnistía no es viable en los casos de malversación de caudales públicos —como ocurre en el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o la inhabilitación de Oriol Junqueras— ya que supuso un enriquecimiento personal por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y afectó a los intereses financieros de la UE. Un supuesto que estaría excluido de la aplicación de la nueva ley, según defienden los acusadores. En su escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena recuerdan que la ley «excluye de su aplicación los actos de malversación que implican enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial». «Pues bien, añaden, resulta indudable que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig (en su condición de presidente y consejeros de la Generalitat en 2017) y los condenados por sentencia firme como receptores de los gastos, sustrajeron por sí mismos caudales públicos».

Los fiscales sostienen que la malversación de caudales públicos «supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto» y esto les produjo un beneficio. En su tesis, no hay duda de que Puigdemont y sus compañeros, «decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal, conocían perfectamente la magnitud de los gastos y la necesidad de obtenerlos», por eso recurrieron «con clamorosa infracción del deber de custodia a la sustracción del erario público de todos los españoles».