Los fiscales se plantan ante la orden de amnistiar todos los delitos del procés
Fuerzan a convocar la Junta de Fiscales de Sala en la que esperan tener el apoyo mayoritario de sus compañeros
El rey junto a Mario Draghi, que ha recibido el premio Varlos V en Yuste. BALLESTEROS
Guerra total en el Ministerio Público. Los fiscales ‘rebeldes’ de la causa del procés —que rechazan de plano que la amnistía sea aplicable a la malversación porque así lo prohíbe la legislación comunitaria— habían exigido a Álvaro García Ortiz que las instrucciones para defender justo lo contrario fueran por escrito, para que así se retratara la Fiscalía General de manera personalísima y para poder llevar el asunto, como finalmente ha sucedido, hasta la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo martes a las 9.30 horas. Un cónclave en el que esperan tener el apoyo mayoritario de sus compañeros, pero cuyo dictamen será desoído por el máximo responsable del Ministerio Público si pone en cuestión cualquier punto de la amnistía.
Las órdenes por escrito que elevan el conflicto interno al límite llegaron el viernes a primera hora. García Ortiz, en un documento remitido a los cuatro fiscales de la causa contra los independentistas, les ordenó de manera taxativa que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont y que todavía mantiene inhabilitado a Oriol Junqueras. Y no solo eso, el máximo responsable del Ministerio Público les instó a que pidan de inmediato al juez del Supremo Pablo Llarena que levante la orden de detención contra el expresident huido.
Y la respuesta de los fiscales ‘rebeldes’ (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) fue inmediata. Rechazar de plano la orden de García Ortiz porque es «improcedente y contraria a las leyes» y porque no se ajusta a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y legalidad penal».
Con ese escrito abocaron a la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, aunque sea solo el ‘recurso al pataleo’, a través del artículo 27 de Estatuto Fiscal, que es el único cauce que los fiscales tienen para mostrar su disconformidad con un superior.
Movimiento esperado
Que García Ortiz iba a dar la orden por escrito de defender los efectos totales de la amnistía y su legalidad y que lo iba a hacer de manera exprés estaba ‘cantado’, según habían anticipado todas las fuentes, porque con la remisión de este documento a los fiscales del procés activaba el procedimiento para imponer a la fuerza a los cuatro ‘rebeldes’ su parecer de que todo es legal.
Dado que los plazos fijados por el juez Llarena para presentar alegaciones a la aplicación de la amnistía a Puigdemont y el resto de los encausados (condenados o todavía huidos) se cumple a mediados de la próxima semana, el propio García Ortiz ya había convocado de forma preventiva (algo totalmente inédito) un pleno de esa junta para el próximo martes. Una convocatoria que confirmó en cuanto los fiscales ‘rebeldes’ registraron su escrito oponiéndose a las órdenes de su superior.
Según todas las fuentes consultadas, en esa junta es probable que García Ortiz se encuentre con una mayoría contraria a la aplicación de la amnistía para los delitos de malversación, en sintonía con sus compañeros del Supremo. Pero, de acuerdo con esas mismas fuentes, al fiscal general le va a dar igual porque va a acabar imponiendo su criterio, pues solo tiene obligación de escuchar a este órgano antes de tomar una decisión, pero en modo alguno está obligado a seguir su dictamen, porque la Fiscalía es un órgano jerárquico.
Así las cosas, tendrá que ser el propio García Ortiz u otro fiscal con suficiente categoría que designe él mismo el que estampe su rúbrica en este histórico y controvertidísimo documento. Todo apunta a que esa persona podría ser su segunda, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y de la que el fiscal general del Estado ya ha tirado para este tipo de situaciones incómodas en anteriores ocasiones.
De hecho, el pasado febrero, doce de los quince asistentes a la Junta de Fiscales apreciaron delitos de terrorismo y once observaron indicios para incriminar a Puigdemont en la causa de ‘Tsunami Democràtic’. Una opinión que chocaba con las conclusiones del fiscal en la Audiencia Nacional, que, tras un cambio sorpresivo, pasó solo a contemplar desórdenes públicos en la plataforma que promovió los graves altercados de otoño.