La cúpula fiscal partida en dos avala la tesis de Ortiz de amnistiar a Puigdemont

La cúpula fiscal ha avalado por apenas dos votos la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Supremo que perdone al expresident catalán Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas del procés de todos sus delitos y retire las órdenes de detención nacionales.

Tras más de cinco horas de reunión, la Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general compuesto por 38 fiscales más García Ortiz, ha respaldado con 19 votos a favor y 17 en contra la tesis del fiscal general de perdonar todos los delitos, frente a la posición de los cuatro fiscales del Supremo, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Ha habido una abstención y dos fiscales no han asistido por razones médicas.

Un resultado que la mayoría de las fuentes consultadas por EFE no se esperaba, pues la votación deja como fotografía una junta partida en dos en torno a uno de los asuntos de mayor envergadura que ha manejado la institución.

No obstante, el debate ha sido estrictamente jurídico y se ha desarrollado en un tono cordial y profesional, en el que han intervenido dos terceras partes de los fiscales, detallan las fuentes.

Esta será entonces la postura definitiva que el Ministerio Público trasladará este miércoles tanto a la Sala Segunda del Supremo como al juez Pablo Llarena, que ahora deberán decidir si aplican o no la amnistía a los condenados y procesados por el procés.

No obstante, el escrito no lo firmarán los cuatro fiscales del alto tribunal que participaron en el juicio a los líderes independentistas, ya que se han apartado de la causa tras defender que no se perdone la malversación ni se levanten las órdenes de detención nacionales.

Será la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covis, los encargados de firmarlos, explican las fuentes.

Los cuatro fiscales que intervinieron en el juicio abogaban por dejar fuera de la amnistía la malversación, pues entendían que la ley excluye los actos que «implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial» y además afectó a los intereses financieros de la UE.

Tras la decisión de ayer, prevalece en cambio la posición del fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados y que rechaza asimismo que hubiese «ánimo de enriquecimiento» personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O, por lo que es partidario también de levantar las órdenes de detención nacionales. En el escrito que remitirán los dos nuevos fiscales del caso, pedirán amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados. La Fiscalía pedirá, sobre la base del informe del fiscal general, que se proceda a «declarar amnistiadas la totalidad de las conductas objeto de dichos procedimientos.