Diario de León

Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de violar la Constitución

Insiste en que sigue sin revelar el «elemento esencial» por el que se acusa a la mujer de Sánchez

David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña GómezDAVID ZORRAKINO

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colpisa
Madrid

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La guerra entre Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado, que le investiga por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, se recrudece. La defensa de la mujer del presidente acusa ya directamente al instructor de conculcar diferentes normas nacionales e internacionales, entre ellas la propia Constitución, por no aclarar exactamente de qué acusa ahora a la imputada, después de que la Fiscalía Europea le reclamara la parte central de la causa: los contratos millonarios de la administración central al empresario Juan Carlos Barrabés recomendado por Gómez. Las quejas de las supuestas irregularidades por parte del instructor se recogen en el escrito de reforma que el letrado de la esposa de Pedro Sánchez presentó este martes a la última providencia de Peinado en la que éste confirmaba que Gómez sigue imputada en este procedimiento.

El juez argüía que todavía, tras las inhibición a favor de la justicia europea, quedan «otros dos bloques» bajo investigación después de haber recibido «nuevos documentos». Eso sí, el instructor en ningún momento de la resolución daba una sola pista cuáles son esas dos nuevas líneas, después de que la Audiencia Provincial de Madrid cegara la otra línea que constaba en la denuncia primigenia: las ayudas millonarias a Air Europa durante la pandemia después de que Gómez coincidiera en dos actos con responsables de la aerolínea.

La defensa de la mujer de Sánchez alega que esa escueta diligencia supone una violación al derecho a la tutela judicial efectiva de su defendida por reincidir en la falta de información.

Se queja Camacho de que el juez no ha aclarado el «un elemento esencial de todo procedimiento penal como es el conjunto de hechos que se imputan a la única persona que estaba sujeta a investigación». Una situación, insiste la representación de Gómez que «afecta gravemente los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la Constitución y otrass normas.

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