El juez acusa de traición a Puigdemont por sus contactos con los espías de Putin

Nuevo escollo para la aplicación efectiva de la amnistía a Carles Puigdemont. Joaquín Aguirre, el juez de Barcelona del denominado ‘caso Voloh’ que investiga los contactos del independentismo como el Gobierno ruso para buscar apoyos para el procés, ultima un escrito al Tribunal Supremo para reclamarle que impute por traición y malversación al expresidente huido, además de a otras diez personas, entre ellos el también exjefe de Gobierno autonómico Artur Mas.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad condal ha abierto una pieza separada por traición, al considerar acreditados los contactos del expresidente y el resto de acusados con los espías y enviados del régimen de Vladimir Putin con el fin de buscar sustento político, económico, e incluso militar, a la intentona secesionista de otoño de 2017.

Este nuevo movimiento de Aguirre podría complicar los planes de Puigdemont de volver a España. Y es que el delito de traición podría quedar fuera de la ley de amnistía, según la gravedad del mismo, tal y como recoge el propio texto de la controvertida normativa. El juez deja el abanico de la gravedad de esa acusación totalmente abierto: «se investiga un presunto de delito de traición del Título XXIII del Libro Segundo del Código Penal, sin que en este momento este Magistrado se atreva a especificar el concreto tipo penal por las razones que más adelante se dirán». Este título recoge un total de ocho tipos delictivos de traición, los artículos 581-588, muchos de ellos relacionados con armas. Y ahí radica la cuestión: El artículo 2.f. de la amnistía excluye de la misma «los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado», pero solo aquellos en los que se «haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

En esa pieza, además de los dos expresidentes están: el jefe de gabinete y el abogado de Puigdemont, Josep Lluis Alay y Gonzalo Boye, respectivamente; la que fue consejera de presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi; el diputado Francesc Dalmases; el que fue encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas; y varios contactos suyos, como son Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.

En las 56 páginas en las que Aguirre justifica la apertura de esta pieza separada que va a acabar en el Supremo por el aforamiento del propio Puigdemont como eurodiputado, el instructor asegura tajante que Moscú no dudó en inmiscuirse en el procés a petición de los investigados porque el régimen de Putin vio una oportunidad en ese órdago para dañar a la UE. «Rusia habría contado con una ‘puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas», afirma el juez.

10.000 mercenarios para Cataluña

Los indicios más delicados contra Puigdemont y que podrían encartarle en un delito de traición no amnistiable por haber incurrido en una «amenaza efectiva» con «uso de la fuerza» contra la integridad territorial es que tanto en este sumario como en el juicio sobre el procés ya aparecieron menciones sobre la promesa del Gobierno de Moscú de aportar 10.000 soldados o mercenarios para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio ejército como país independiente.

Según una conversación grabada entre Terradellas y otro dirigente secesionista, Puigdemont se quedó «anonadado» por esa oferta, pero «se cagó en los calzoncillos» ante el ofrecimiento de que tropas rusas entraran en Cataluña.

Aguirre indaga desde octubre de 2020 las injerencias rusas en Cataluña en el marco de una investigación que originariamente era sobre el desvío de fondos públicos para financiar el órdago independentista. A raíz de la a intervención de teléfonos móviles de 18 de los implicados se fueron conociendo los vínculos de Puigdemont y su entorno con el Kremlin antes, durante y después del referéndum del 1-0.