El Consejo General del Poder Judicial pende del pacto sin asentar desde 1978

De cumplirse la amenaza de Pedro Sánchez al Partido Popular, a final de este mes el Gobierno y sus socios parlamentarios pondrán en marcha la maquinaria para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de poner fin a un mandato de los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces que caducó hace más de cinco años y que las desavenencias entre PSOE y PP ha impedido renovar a lo largo de este tiempo. Los socialistas apelan al cumplimiento de la Constitución, mientras que los populares lo hacen al respeto de la independencia judicial. Lo cierto es que la Carta Magna dejó en el aire el modo de elección de los miembros del CGPJ. Según la primera parte del artículo 122 del título VI, «el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica». Una redacción abierta y que quedó a merced de una norma que requiere mayoría absoluta en el Congreso, pero que puede ser modificada según los apoyos parlamentarios de turno.

El último Gobierno de Adolfo Suárez fue el que desarrolló el mandato constitucional para que una ley orgánica desarrollase el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial.

El PSOE usó el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una reforma de ley orgánica que en la práctica derogó la de la UCD y que habían apoyado los mismos socialistas un lustro antes. La nueva norma quitó la potestad a los jueces de elegir a 12 de los vocales del Poder Judicial y otorgó al Congreso y al Senado, ambas cámaras copadas por el PSOE, la capacidad para designar a los 20 miembros del CGPJ.

La segunda reforma de la ley orgánica se produjo durante el Gobierno de mayoría absoluta de José María Aznar. Ambos dirigentes firmaron un documento en el que el objetivo era garantizar «la independencia de la justicia». En lo sustancial no se cambió lo aprobado.

El PP de Rajoy diluyó aún más la participación de los jueces en la elección de sus representantes en el CGPJ, la misma que ahora reclama el PP de Alberto Núñez Feijóo como condición irrenunciable.

Feijóo mantiene su exigencia de que se inicie una nueva reforma a fin de que «sean los jueces los que elijan a los jueces» en el CGPJ.

El fiscal con récord de borrones

Álvaro García Ortiz no es un fiscal general al uso. Y no solo porque no guarde las formas públicamente cuando saluda de forma cariñosa al presidente Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, en la ya famosa foto captada en el Palacio Real del pasado miércoles en la ceremonia por el décimo aniversario de la entronización de Felipe VI. O porque se funda en un efusivo abrazo entre risas con la vicepresidenta Yolanda Díaz en una solemne sesión de apertura de las Cortes. O porque intercambie complicidades ante las cámaras con Dolores Delgado, su íntima amiga, mentora, predecesora, exministra socialista y la mujer que le ungió para llegar de forma meteórica a la cumbre del Ministerio Público.

No, no es solo por eso. A García Ortiz no solo es que no le importe el riesgo de no aparentar neutralidad para intentar hacer olvidar el desliz que persigue a Sánchez —»¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso»—, dijo el jefe del Gobierno en RNE en noviembre de 2019 para garantizar, paradojas de la política, que traería a Carles Puigdemont a España. Es que tampoco parece inquietarle nada que se haya convertido en una suerte de cumplidor de precedentes en negativo.