Cataluña pone en marcha el reloj electoral por el futuro de Puigdemont

Las cuartas autonómicas en Cataluña en una década no van a derivar este miércoles, primera fecha obligada para convocar la sesión de investidura, en la elección ni de Salvador Illa ni de Carles Puigdemont para presidir la Generalitat. Mes y medio después de que el PSC lograra el 12-M una victoria histórica sobre el nacionalismo al dejarle sin la mayoría absoluta que sumaba desde 1984, pero insuficiente para amarrar por sí solo el Govern, la situación política catalana ha vuelto a encallar y su incertidumbre de alto voltaje amenaza la continuidad de una legislatura española intoxicada por el virus de la inestabilidad.

Los focos apuntan al intento del presidente Sánchez de ganarse a Esquerra con un, por ahora, evanescente compromiso para un pacto sobre financiación que reconozca el carácter «singular» de Cataluña sin romper el marco autonómico común; y a la otra presión sobre los republicanos —la que ejerce Junts— para forzar una repetición electoral con una lista única del secesionismo.

Pero el elefante en la habitación es la ejecución de la amnistía que pende del Tribunal Supremo. Aunque no es la primera vez que el Parlamento catalán resuelve ‘in extremis’ en estos años la elección del jefe del Govern, el imprevisto tras el 12 de mayo ha sido que tanto Illa como Puigdemont hayan renunciado a ser investidos en el primer intento fijado forzosamente este miércoles 26 de junio. Habrá pleno pero no votación para la presidencia de la Generalitat. Una resolución firmada por el presidente del Legislativo, el dirigente de Junts Josep Rull, hará las veces de investidura fallida y pondrá en marcha una cuenta atrás que tiene otro hito en el horizonte, el lunes 26 de agosto, como límite para designar al jefe del Govern. Con el Parlament cerrado la primera quincena de ese mes y los escollos existentes para forjar un acuerdo que derive en una mayoría consistente —en el caso de Illa, con ERC y los comunes—, el sentir general es que los plazos se apurarán al máximo. Para entonces, y según los ritmos que le imprimieron el Gobierno y los secesionistas, la ley de amnistía ya debería estar encarrilada. Pero con los jueces ha topado la norma.

«Son más retorcidos que un tornillo», define, entre indignado y inquieto, un cargo de Esquerra al ser preguntado por las expectativas del independentismo ante la decisión que ha de tomar ya el instructor del Supremo. El 11 de junio, el día en que la ley que borra las causas vinculadas al ‘procés’ entró en vigor en el BOE, Llarena dejó constancia de que la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont por malversación agravada y desobediencia sigue vigente y dio cinco días a las partes para que fijaran posición sobre esas medidas cautelares que, según la ley de amnistía, habrían de levantarse ya. El magistrado , ya tiene sobre la mesa los informes: la defensa de Puigdemont, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

El Congreso debate esta semana la financiación singular de Cataluña

La financiación singular para Cataluña protagonizará esta semana la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, con preguntas de varios Grupos parlamentarios tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fue el propio Sánchez quien en una entrevista aseguró que articular una financiación singular para Cataluña es «factible» y «compatible» con la multilateral. Asimismo en el último Pleno de control parlamentario, el jefe del Ejecutivo recordó que este modelo de financiación estaba incluido en el pacto que cerró con ERC para su investidura. A raíz de esto, desde el PP han registrado una batería de preguntas sobre este asunto, a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el coordinador autonómico del PP, Elías Bendodo, quien quiere aprovechar la sesión plenaria para dirigirse a la vicepresidenta primera y cuestionarle «cómo tiene previsto el Gobierno garantizar el cumplimiento del artículo 138 de la Constitución». Este artículo de la Carta Magna señala que el Estado tiene que garantizar la realización «efectiva» del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y advierte que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, «en ningún caso», privilegios económicos o sociales.

También en esta línea quiere pronunciarse la popular Cuca Gamarra.

La AN estudiará los argumentos de las defensas de los CDR

La Audiencia Nacional (AN) celebrará este jueves la vista en la que estudiará la petición de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista de suspender el juicio por la Ley de Amnistía.

Los procesados en la causa podrían acogerse a la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. Fue el pasado 1 de abril cuando estaba previsto que se celebrase esta vista, que tuvo que ser aplazada después de que uno de los letrados, el de Alexis Codina, no pudiese asistir por estar de bajar médica y no pudiera por tanto pronunciarse sobre este asunto.

La decisión del tribunal de posponer esta vista llegó en contra del criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, que es quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.

No obstante, antes de esta suspensión, las defensas pudieron fijar posiciones ante la Sala de lo Penal en este acto denominado de previo pronunciamiento y que es un paso previo a la celebración del juicio para dilucidar determinadas cuestiones planteadas por las partes.

Uno de los letrados, Xavier Monge, explicó que la Audiencia Nacional debía «paralizar» el procedimiento a la esperade ver qué ocurría con la Ley de Amnistía.

Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario.