El verano político catalán: una fecha límite, dos incógnitas y un horizonte electoral

Con la activación de la cuenta atrás de dos meses para investir a un nuevo presidente de la Generalitat, el verano político catalán se enreda con varios elementos sobre la mesa: una fecha límite, dos grandes incógnitas a despejar y, en el horizonte, una posible repetición electoral.

No hay todavía candidatos a la investidura, porque tanto el primer secretario del PSC, Salvador Illa, como el expresidente catalán y aspirante de Junts, Carles Puigdemont, han pedido más tiempo para explorar los apoyos necesarios, pero el presidente del Parlament, Josep Rull, ha empleado un mecanismo atípico, ya utilizado en 2020, para permitir que los plazos empiecen igualmente a correr.

En lugar de celebrar un primer debate de investidura, ha firmado una resolución —leída ante el pleno del Parlament— en la que constata la ausencia de candidatos y que en la práctica funciona como una investidura fallida, ya que se activa el cronómetro de los dos meses para investir a un president.

Illa y Puigdemont tienen tiempo hasta el 26 de agosto para su investidura, pero si agotan el plazo sin haberlo conseguido, habrá una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña.

Vienen semanas de negociaciones discretas: Illa —ganador de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, con 42 escaños— buscará un acuerdo «progresista» que le garantice los seis votos de Comuns y los veinte de ERC, que ya ha puesto precio a su apoyo: una «financiación singular» para Cataluña.

Mucho más remotas son las opciones de Puigdemont, que para ser investido necesitaría una combinación ahora mismo inverosímil, ya que no le bastan los votos a favor de ERC, sino que además requiere de la abstención de los socialistas, que ya la han descartado.

¿Qué decisión tomará ERC, en plena sacudida interna por la interinidad de sus liderazgos? Aunque los republicanos aseguran que una repetición electoral no les da miedo, sí representa un riesgo de retroceso aún mayor, que agravaría su crisis, por lo que el equipo negociador que encabeza Marta Rovira buscará un acuerdo ambicioso con el PSC, basado en una financiación «justa» para Cataluña, que pueda superar el filtro de la militancia.