La Fiscalía emprende la batalla contra el ‘no’ del TS a amnistiar a Puigdemont
Pide anular la orden de detención contra el expresidente catalán al considerar que no se lucró
Puigdemont en un acto de campaña de JxCat para las europeas celebrado en Colliure (Francia). DAVID BORAT
La Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz inició ayer la batalla para revertir el auto del juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Llarena por el que el magistrado de la causa contra el ‘procés’ ha rechazado amnistiar a Carles Puigdemont por la malversación que sustenta la orden de detención vigente contra él.
El Ministerio Público presentó ayer dos escritos, uno ante el juez Llarena y otro ante la Sala Segunda del Supremo, para defender la aplicación de la amnistía al ex presidente catalán. En concreto, la Fiscalía apunta que, si bien la propia ley de amnistía excluye su aplicación en los casos de malversación para los casos de lucro personal, este delito no está acreditado en los casos del expresident catalán y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.
Sobre los tres dirigentes independentistas el Tribunal Supremo ha decidido mantener la orden de detención, que se aplicará en caso de que cualquiera de ellos pise suelo español. Igualmente, el alto tribunal sostiene la inhabilitación para desempeñar cargos públicos de los dirigentes del ‘procés’ que sí se sometieron a juicio, entre ellos Oriol Junqueras y fueron condenados en su momento por malversación.
La Fiscalía solicita al juez Llarena que se retiren las órdenes de detención, lo que de confirmarse en el plano político permitiría a Puigdemont acudir de forma presencial a una futura sesión de investidura en el Parlament.
El líder de Junts, que aspira a volver a ejercer como presidente de la Generalitat tras siete años fugado de la justicia española en Bélgica, aseguró durante la campaña autonómica para las elecciones del pasado 12 de mayo que regresaría a Cataluña para su investidura, al margen de las repercusiones judiciales que podría acarrearle, incluido un más que seguro ingreso en prisión por este delito de malversación para lucro personal que sostiene el Supremo y que no se considera a día de hoy amnistiado.
La Fiscalía, en cambio, argumenta en su recurso que «los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación».
La Sala de lo Penal que juzgó y condenó a los 12 líderes independentistas presidida por el juez Manuel Marchena, por una parte, y el juez instructor Llarena, por otra, resolvieron el pasado lunes que los hechos relativos a los pagos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no tienen encaje en la norma que entró en vigor el pasado 11 de junio. Este es el punto en el que chocan jueces y Fiscalía y que en paralelo afecta a las mayorías que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa
La maniobra de Rovira
Marta Rovira, la dirigente de Esquerra que pilota el proceso de transición de ERC hacia una nueva dirección de los republicanos, presentó ayer a título personal otro recurso contra el auto del juez Llarena que cuestiona el alcance de la amnistía. La dirigente independentista, a la que el Supremo ya solo acusa de un delito de desobediencia tras la aprobación de la ley de amnistía, considera que el magistrado Llarena ya no es competente para dirigir las causas que siguen pendientes por el ‘procés’.
Sobre Rovira, en cualquier caso, pesa otra acusación en la Audiencia de Barcelona como supuesta responsable de las acciones de ‘Tsunami Demòcratic’ que se instruyen como delitos de terrorismo. La dirigente de Esquerra, que huyó a Suiza tras el 1-O, está pendiente de que se le aplique la amnistía.