El Gobierno aparca los pactos de Estado en sus Presupuestos más cuesta arriba

«El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué no ocurrió lo que él predijo», ironizaba Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 —durante la Segunda Guerra Mundial— y nuevamente de 1951 a 1955. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado es algo parecido: se marcan objetivos; se hacen previsiones de ingresos y gastos, de la evolución de las principales magnitudes económicas, como el PIB o el empleo y, luego, ya se explicará —o no— por qué no se ha cumplido exactamente así.

En cualquier caso, los Presupuestos Generales son la principal herramienta de política económica de un Gobierno. Por eso, no es baladí que se tenga que gobernar con Presupuestos prorrogados. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no consigue sacar adelante el de 2025, se aplicarían por tercer año los de 2023 (los de este año los retiró del Congreso ante la falta de apoyos). Y los Presupuestos de 2023 fueron elaborados en 2022, en «un contexto económico completamente distinto al de ahora», señala Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. Nos encontramos en estos momentos en un proceso de desglobalización y de eclosión de la inteligencia artificial, que requiere unas inversiones distintas. «La inadaptación del principal elemento de política económica al nuevo contexto es un problema», subraya Torres. Al tiempo, resulta imprescindible realizar las reformas que faltan para seguir recibiendo los fondos europeos y, sin Presupuestos, su puesta en marcha se complica mucho más.

Las pensiones, a salvo

Las únicas partidas a las que no les afectaría una prórroga presupuestaria son el gasto en pensiones, cuya revalorización con la inflación está fijada por ley, el pago de los intereses de la deuda pública y el sueldo de los funcionarios.

Aunque el Gobierno está ahora mismo muy lejos de contar con los apoyos suficientes para sacar adelante las Cuentas para 2025, la negociación apenas ha comenzado. Pero sí se ha dado el pistoletazo de salida con la orden ministerial de Hacienda que fija los criterios y objetivos para 2025.

Mañana los departamentos ministeriales tendrán que presentar sus peticiones al ministerio que dirige María Jesús Montero.

Hacienda afirma que los principales criterios y objetivos de los Presupuestos están fijados en esta orden ministerial que publicó a finales de junio. A tenor de la misma, el Gobierno ha renunciado a alcanzar pactos de Estado en el área económica.

Tras el acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría pensarse que se abría camino para nuevos pactos. Sin embargo, en esta toma de posición del Ministerio de Hacienda de cara a los Presupuestos no hay ninguna alusión a ello.

El escollo de la vivienda

No hay ambición de pactos como sí la había en el proyecto frustrado de 2024, donde se hablaba de «impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios».

Cierto que la inflación ya no presiona tanto como antes y la negociación colectiva proporciona un acuerdo de evolución salarial. Pero hace siete meses el Gobierno pretendía implicarse directamente en ese pacto y ahora ha decidido hacer mutis, cuando el vigente Acuerdo de Negociación Colectiva concluye su vigencia precisamente el año próximo. Tal vez lo explique el mayor cambio introducido en la escena: la tensa relación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la patronal.

Pero si no es un pacto de rentas, el Ejecutivo podría haberse marcado el objetivo de alcanzar un acuerdo en materia de vivienda, donde todos los expertos reclaman un pacto de Estado.

El difícil acceso a la vivienda «es y va a ser una de las principales restricciones del crecimiento económico, de la emancipación de los jóvenes y de la tasa de natalidad», advierte Torres.