Feijóo trata de alejar a Vox y acepta un pacto sobre menores migrantes

Este miércoles Gobierno y comunidades autónomas se dan cita en Tenerife para buscar una solución para acoger a miles de menores extranjeros no acompañados (menas). Estos niños y adolescentes no pueden ser expulsados del territorio nacional tras llegar a España, algo que la inmensa mayoría de ellos lograron tras arriesgar sus vidas en el mar a bordo de una patera o un cayuco.

Según zanjó el Tribunal Supremo en una sentencia de abril de 2023 y que marcó jurisprudencia, «la ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor». Es decir, que ninguna persona que no haya cumplido los 18 años puede ser devuelta a su país de nacimiento sin una petición expresa de sus familiares que atestigüe ante la justicia española el origen del menor a repatriar.

La sentencia del Supremo, aplaudida por las ONG dedicadas a la asistencia migratoria y de la infancia, ha acabado derivando en un grave problema de saturación en las áreas sometidas a una mayor presión de arribadas fronterizas; especialmente, en Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía.

Gobierno y PP se muestran dispuestos a dialogar para encauzar el desafío y aprobar una reforma de la ley de extranjería que permita distribuir a los menores de forma solidaria entre todas las comunidades autónomas, aunque los gobiernos populares de algunas de ellas plantean objeciones, sometidos en paralelo a la presión de Vox. Este es el contexto que enmarca la decisiva cita de este 10 de julio, en la que el Gobierno y el PP se retan a un nuevo pacto tras desbloquear el CGPJ.

El archipiélago acoge hoy a 6.000 menores no acompañados lo que supone casi la mitad de los que están registrados por el Ministerio del Interior en toda España. El Gobierno canario, que tiene solo capacidad para asistir a 2.000 menores, alerta que de seguir el ritmo actual de llegada de cayucos a sus costas la cifra a final de año podría alcanzar los 11.000 niños y jóvenes inmigrantes de ambos sexos a los que atender en su territorio.

La propuesta del Gobierno El Ejecutivo central y el Gobierno de las islas, presidido por Coalición Canaria en coalición con el PP, han alcanzado un acuerdo para proponer al Congreso una reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social, aprobada en 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar. En concreto se pretende establecer por ley que cuando una comunidad autónoma vea sobrepasados en un 150% sus servicios de asistencia, el resto de ellas deban acoger por obligación a parte de estos menores. La distribución entre territorios se establecería en función del PIB y la población de cada territorio.