Un error judicial de un día deja ahora en el aire la imputación de Puigdemont
La Audiencia invalida parte del ‘caso Tsunami’ y anula tres años de investigación porque García Castellón la prorrogó fuera de plazo
El juez Manuel García-Castellón a su llegada a la Audiencia Nacional. MARISCAL
Golpe de efecto en el ‘caso Tsunami Democràtic’ en pleno examen de su encaje en la ley de amnistía. La Audiencia Nacional declaró ayer la invalidez de todas las diligencias que el juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, acordó con posterioridad al 29 de julio de 2021. Una fecha en la que se dictó el auto de prórroga de seis meses de una investigación que comenzó en noviembre de 2019, días después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia condenatoria del ‘procés’, que conllevó acciones de protesta callejera en Cataluña.
La resolución tiene una relevancia capital desde el punto de vista procesal, ya que afecta de lleno a los indicios acumulados en este periodo declarado ahora nulo (cerca de tres años) sobre la presunta comisión de un delito de terrorismo contra la docena de encausados: diez en la Audiencia Nacional, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, y dos en el Supremo, uno el expresidente catalán Carles Puigdemont en su condición de aforado. Precisamente, la investigación de García Castellón en estos cuatro años y medio (más de la mitad bajo secreto) le permitió enviar una exposición razonada a la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo contra el líder de Junts, que fue admitida a finales de febrero.
El tribunal que examinó los hechos, presidido por Manuel Marchena, avaló entonces abrir una causa a Puigdemont por la «pluralidad de indicios» acumulados por el juez en este periodo de instrucción. Los magistrados consideraron —en contra del criterio de la Fiscalía del Supremo, que vio un delito de desórdenes públicos agravados y no de terrorismo— que el procesado en rebeldía en la ‘causa del procés’ tuvo un «liderazgo absoluto» y una «autoría intelectual» en las acciones «violentas» del colectivo Tsunami Democràtic, que lejos de aplacar «animó a seguir con su conocimiento y consentimiento» desde su refugió en el palacete de Waterloo (Bélgica).
El tribunal de la Audiencia Nacional presidido por el magistrado Alfonso Guevara estimó ahora el recurso presentado por la defensa de la investigada Marta Molina, una de las diez investigadas. El auto considera que la prórroga decretada por García Castellón fue «extemporánea» y ordenó al magistrado que dicte una resolución en la que reordene los indicios acumulados antes del 29 de julio de 2021, es decir, durante los 20 primeros meses, y decida si continúa con la causa o dicta el archivo de las actuaciones. El juzgado, por su parte, alegó sin éxito que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga y le «dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna». Sin embargo, para la Sala de lo Penal este razonamiento de García Castellón resulta «contradictorio».
«No cabe sostener sin detrimento de la congruencia que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado al día siguiente. Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga, sean cercanos (están separados por menos de 24 horas), es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo», responde el tribunal.
Es decir, por un error de un día en resolver la prórroga se han ido al traste casi tres años de diligencias de la Guardia Civil, policía judicial en la causa: los informes de actuaciones sobre las comunicaciones intervenidas a los investigados, sobre todo el documento final de primavera de 2023 que cercó a Puigdemont y a Rovira, y otras actuaciones de calado. Y ahora está por ver si quedan anulados todos o la mayoría de los indicios contra el expresidente catalán, que se incluyeron en la exposición razonada que admitió el Supremo y derivó en la causa que instruye en la actualidad Susana Polo.
Un procedimiento que tras la decisión de la Audiencia Nacional podría estar abocado también a la nulidad.
La decisión definitiva está en manos de García Castellón, que tendrá que hilar muy fino con la resolución que dicte ahora con la parte de la investigación que ha quedado viva. En todo caso, las fuentes consultadas dan por hecho que va a tener muy complicado continuar con la causa, centrada sobre todo en el análisis de las comunicaciones intervenidas judicialmente a los encausados.
Un dato relevante es que si el procedimiento estuvo bajo secreto sumarial dos años y medio fue probablemente para salvaguardar y prorrogar estas medidas, que irían más allá de julio de 2021. La fecha tope que marca a partir de ahora la investigación de ‘Tsunami Democràtic’, que camina en paralelo a la decisión que debe tomar el Supremo sobre su encaje o no en la ley de amnistía.