La UCO registra la Diputación de Badajoz en busca de pruebas contra el hermano de Sánchez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron ayer en la Diputación de Badajoz para realizar un registro en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra.

Fuentes de la Diputación de Badajoz confirmaron el registrado, ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el procedimiento que se sigue contra David Sánchez Pérez-Castejón por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, mostró su «respeto a la justicia» en el marco del proceso judicial abierto, y confió en que «se resuelva cuanto antes esta situación», tras lo que ha reiteró que no tiene más información que la que ha aparecido en medios.

En estas pesquisas no ha estado presente David Azagra —nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón—, aunque éste sí estaba en las dependencias de la institución provincial

El sindicato Manos Limpias presentó esta denuncia contra David Sánchez Pérez-Castejón, por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

En la otra causa abierta contra la familia de Pedro Sánchez, la de su esposa, Begoña Gómez, hay choque de trenes. Por vez primera la Fiscalía de Madrid, que no acusa en el procedimiento, ha reclamado a la Audiencia Provincial que intervenga y «delimite» la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno al considerar que está dirigiendo una «causa general». Una forma velada de situarle fuera de los límites que marca la ley de enjuiciamiento criminal.

En un recurso de apelación, el Ministerio Público reiteró que, lejos de cumplir con la primera resolución del tribunal de apelación sobre el marco de la instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sigue sin aclarar qué es lo que investiga en la causa, vulnerando el derecho de defensa. En el escrito, el fiscal José Manuel San Baldomero reprocha que el juez Peinado diga que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España (julio de 2018) y que se contienen en la denuncia inicial» de Manos Limpias a excepción de los contratos que ya tiene en su poder la Fiscalía Europea, competente por tratarse de fondos de procedencia comunitaria.

Que se explique el juez

A su juicio, «estas expresiones son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas». El representante del Ministerio Público recuerda que ya ha pedido al juez en varias ocasiones que precise cuál es el objeto de la investigación y asegura que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta clara.

Así las cosas, avisa de la «dificultad» que atraviesa para «comprender el objeto fáctico» de las diligencias que ha acordado el juez, lo que considera una «muestra de la incertidumbre y deriva procesal en la que se desarrolla la presente instrucción». En este sentido, la Fiscalía incide en que su interpretación «será o no acertada, y será o no aceptada, pero no es ni pretende ser ni puede tacharse de desleal en modo alguno».

El escrito de la Fiscalía coincide con la citación del juzgado de Madrid de nuevos testigos. Peinado sigue adelante con las diligencias destinadas a aclarar la actuación de Begoña Gómez desde su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que impartió entre 2020 y 2023, y acordó la declaración del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, y de su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio.

Ambos han sido citados el próximo día 19, a las 13 horas, la misma jornada en la que está citada como investigada la propia Begoña Gómez. Las comparecencias se producen después de que el viernes pasado testificara el propio rector de la UCM, Joaquín Goyache.

En su explicaciones sobre la cátedra extraordinaria que gestionó la encausada, hizo referencias a las responsabilidades del vicerrectorado que han ocupado los dos testigos. Goyache declaró al juez y a las acusaciones que había «delegado» el asunto del máster en Doadrio, que encabezó la Comisión Mixta de Seguimiento encargada de poner en marcha la cátedra en 2020 y del resto de enseñanzas extraordinarios en la universidad pública. Un trámite que llegó después de que Begoña Gómez convocara al rector en La Moncloa para exponerle los detalles del programa universitario.

El juez Peinado, que investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a la consultora, se adentra así en una de las líneas de investigación abiertas tras admitir la querella de Hazte Oír, acusación popular en la causa, que puso el foco en el uso de Gómez de un ‘software’ de la Complutense en el máster para su presunto lucro personal. En declaraciones a ABC, el vicerrector trasladó que la decisión de otorgar la cátedra fue Goyache: «Es el rector quien me llama por teléfono a finales de septiembre o principios de octubre de 2020 y me dice ‘quiero crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno’, y me pregunta si tengo algún inconveniente», relató. Doadrio le contestó que lo aceptaría «si vienen bien los papeles, en regla», como así ocurrió.