Un año sentado sobre un campo de minas

Hubo un tiempo, cuando Pedro Sánchez era aún ese joven escasamente conocido que había llegado a la secretaría general del PSOE por carambola, gracias a la ingenuidad de una Susana Díaz que creyó que estaría dispuesto a calentarle el asiento hasta que ella lo considerara necesario, en el que no resultaba tan extraño escuchar en el partido críticas al protagonismo y las injerencias de su esposa, Begoña Gómez. Ese tiempo pasó. Las voces que hoy se atreven a decir que el comportamiento de la mujer del presidente, bajo la lupa del juez Juan Carlos Peinado, quizá no fuera ni muy ético ni estético, como apuntó este miércoles el portavoz del PNV, Aitor Esteban, son contadas .

El cierre de filas de los socialistas con este asunto se explica en buena medida por el repliegue defensivo que propicia el clima de polarización política extrema. Incluso aquellos que pudieran albergar dudas están tan convencidos de que la elevación de las informaciones publicadas al ámbito judicial es tan «desproporcionada» que evitan formularlas. Pero esa actitud colectiva tiene también otra razón de ser: el liderazgo inapelable de quien a punto estuvo de ser un apestado y del que se alejaron incluso alguno de sus colaboradores más cercanos, hoy de nuevo a su vera. Diez años después de su victoria prestada en las primarias de 2014 frente a Eduardo Madina, al que buena parte del partido consideraba el heredero natural para la secretaría general, y transcurrido un año desde el 23 de julio que lo vio resurgir una vez más de sus cenizas, Sánchez no solo sigue en pie sino tan anclado al bastón de mando interno que, como pudo comprobarse en sus cinco días de encierro solitario en la Moncloa, el pasado abril, la mera idea de tener que afrontar su sucesión provoca un vértigo atroz en el PSOE.

No es que toda la formación entendiera aquella reacción. Muchos no lo hicieron. Pero callaron. Callaron como todos lo habían hecho antes —con la excepción de una ‘vieja guardia’ encabezada por Felipe González y sin nada ya que perder; el barón con más peso institucional pero más ‘outsider’ del PSOE actual, Emiliano García-Page; y el ya de salida líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán— cuando, de la noche a la mañana, decidió que seguir en el Gobierno bien valía el pago a Junts y ERC de una amnistía para todos los delitos relacionados con el desgarrador ‘procés’ catalán. Una medida rechazada una y mil veces por inconstitucional en la legislatura previa. El silencio fue posible porque hace tiempo que el PSOE asumió la filosofía explicitada por Sánchez en el comité federal en el que confirmó que estaba dispuesto a conceder el olvido penal a Carles Puigdemont: «Hay que hacer de la necesidad virtud».

En Moncloa reivindican su labor en contextos muy complejos. «Nuestro Gobierno está logrando que España crezca cinco veces más que la media de la Unión Europea en términos económicos. Hemos conseguido que haya más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Estamos avanzando en derechos, en becas, en pensiones, la ley de paridad que va a ser una realidad la próxima semana.

Las elecciones locales de mayo del pasado año y las gallegas de febrero evidenciaron que la ‘marca PSOE’ ha sufrido un importante desgaste en muchas comunidades. En las vascas de abril, el PSE salvó la cara gracias a un ligero crecimiento y a que su resultado fue clave para reeditar la coalición de Gobierno con el PNV. Pero el éxito (insuficiente) del exministro y líder del PSC, Salvador Illa, en Cataluña, y la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo han ayudado al discurso de que la política de desinflamación de uno de los conflictos más disruptivos de la política española ha surtido efecto.

Sacar adelante iniciativas en lo que va año con unos socios ideológicamente heterogéneos ya se ha demostrado una misión compleja. Sánchez apela ahora al PP en un intento de combatir la sensación de parálisis con normas que cataloga como «de Estado». La reforma de la ley de extranjería, propuesta como solución a un fenómeno que ha provocado la ruptura de los gobiernos autonómicos de los populares con Vox, es una de ellas. La ley de publicidad institucional, otra. También lo es la ley del suelo.