El juez Peinado sitúa ahora la cátedra del Gómez en el centro de su investigación

Fue a primera hora de la tarde del pasado viernes durante la declaración como testigo del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal. Coello declaraba por su condición de presidente de la comisión mixta de seguimiento de la Cátedra Extraordinaria de Transformación social competitiva creada en 2020 por la universidad a petición de la propia Begoña Gómez. En un momento dado de ese interrogatorio, el juez Juan Carlos Peinado, cortó de raíz varias de las preguntas de la abogada de Vox, Marta de Castro, sobre el funcionamiento de la cátedra que hasta ahora dirigía la mujer del presidente, por considerarlas «impertinentes».

«No estamos investigando las irregularidades de la cátedra, sino su constitución», afirmó con rotundidad el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, introduciendo ‘in voce’ en el proceso (y de forma cuanto menos poco ortodoxa) una ampliación formal en el objeto de estas diligencias previas que abrió el pasado 16 de abril y que, por el momento, siguen versando exclusivamente sobre corrupción en negocios privados y tráfico de influencias.

El anunció, según los presentes, provocó una mueca de sorpresa en Antonio Camacho. El exministro de Interior socialista y letrado de la mujer de Sánchez solo horas antes había intentado frenar los interrogatorio de Coello y de su antecesor en la comisión de seguimiento, el exvicerrector Juan Carlos Doadrio, al entender que esas comparecencias no guardaban relación alguna con el objeto de las diligencias previas. Un procedimiento que en principio solo se abrió para investigar la supuesta intermediación de Begoña Gómez para el rescate de Air Europa por parte del Gobierno durante la pandemia y para analizar la adjudicación de más de 10 millones de euros en concursos de la Administración central al colega académico de la esposa del presidente, el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la mujer del presidente le escribiera dos cartas de recomendación.

Camacho, que desde hace semanas viene denunciado que su cliente es víctima de una investigación «prospectiva», se enteró de esta manera de hasta dónde el juez Peinado es capaz de ‘flexibilizar’ el objeto de la investigación contra Begoña Gómez. En realidad, el magistrado ya lo había anticipado el pasado 1 de julio, en un auto en el que respondía a los escritos de la defensa en los que exigía que se le informara de qué se acusaba exactamente a la investigada. En aquella resolución ya advirtió que «los hechos objeto de investigación son todos los actos conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contiene en la denuncia inicial». Y que la única «exclusión» a esa extensísima (y bastante indeterminada) investigación son «los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea».

«Nuevos hechos»

Ya en aquel auto, el juez daba a entender que, en realidad, la investigación iba air más allá de lo que el propio magistrado incluía entonces en la parte dispositiva de la resolución, al recordar que había admitido a trámite una querella de Hazte Oír que ponía en su conocimiento «nuevos hechos» que podrían merecer investigación.

Y es en esa querella en la que el juez Peinado, según todas las fuentes consultadas, cree haber encontrado la clave para seguir con su investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid despreciara por inverosímiles los indicios que la intervención de Gómez sirvió para el rescate de Air Europa, después de que las Fiscalía Europea se quedara para sí los contratos de Barrabés con la Administración y después de que la UCO, en su segundo informe, no encontrara irregularidades en las adjudicaciones al empresario por otras entidades. Y es que en la demanda de Hazte Oír, la segunda del colectivo y que se registró el 7 de junio, la entidad ultracatólica acusaba a la esposa de Sánchez de nuevos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo, no solo por la supuesta apropiación indebida del famoso software que ha denunciado la Complutense, sino también por haber accedido a la dirección de una cátedra en 2020 sin ser licenciada ni funcionaria.

La Complutense (que había estado tangencialmente en el origen de las diligencias previas a raíz de la denuncia primigenia de Manos Limpias ya que Barrabés fue promotor del máster de Gómez) ha vuelto por tanto al centro de las pesquisas.