La ley mordaza cumple 9 años pese a la promesa de derogarla en 2018

«La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista». Eran las 9.30 horas del pasado martes. El tajante anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social en Bruselas estalló en todas las webs e informativos.

Pero no era cierto, tal y como que se encargaron de desmontar a lo largo de las siguientes horas sus compañeros de partido y desde el propio Gobierno. La realidad no tenía nada que ver con lo que contó Yolanda Díaz. Sumar y el PSOE no solo no se habían sentado a negociar la derogación de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, es que ni tan siquiera se habían citado para encarar una reforma en profundidad de este controvertida normativa. Ni un solo movimiento Lo cierto es que ocho meses después del inicio de la actual legislatura no ha habido un solo movimiento serio para encarar una reforma real de este corpus normativo. Y ello, a pesar de que Pedro Sánchez lleva anunciado desde su investidura tras la moción de censura de verano de 2018 que va a acabar con esta ley que nació fruto de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que precisamente este mes de julio (el pasado día 2) ha cumplido nueve años en vigor entre las chanzas, con tintes fílmicos, de los más veteranos del Congreso de los Diputados que recuerdan que «este muerto está muy vivo».

Los socialistas y sus socios de Sumar simplemente se habían limitado a pactar reformar un único precepto de la ‘Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana’ y exclusivamente en el marco del plan de regeneración democrática que Sánchez iba a anunciar el día después: el retoque del artículo 36 de la misma, para que no constituya una infracción la toma de imágenes de policías en lugares públicos y manifestaciones, o su mera difusión. ¿Por qué esas reticencias de PSOE y Sumar a entablar siquiera conversaciones reales para cambios de envergadura en la ley? Ambas formaciones, y así lo reconocen sin tapujos en los dos partidos, son sabedoras de que una modificación de calado de esta ley es un asunto extremadamente controvertido y delicado, hasta el punto de que la pasada legislatura una reforma bastante acotada, y muy alejada de la «derogación», naufragó en marzo de 2023 por la negativa de ERC y EH Bildu de apoyar lo que calificaron de «simples retoques cosméticos».

El falso anuncio de Díaz ha resucitado el recuerdo de la promesa de «derogación» Sánchez y ha reabierto el debate público sobre la reforma, pero nada más. Según admiten todas las fuentes parlamentarias consultadas, tanto de las formaciones de Gobierno como de los partidos que apoyaron la investidura, no ha habido un «solo contacto formal o informal» para empezar a redactar modificaciones.

Es más, ni siquiera hay un borrador de trabajo, como el que en noviembre de 2021 PSOE y Podemos presentaron como base para una reforma que estuvo cerca de salir adelante, pero que se frustró por la exigencia de los independentistas vascos y catalanes de que el nuevo texto contemplara la prohibición del uso de pelotas de goma en las manifestación y de las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla. Entonces, los seis partidos favorables a la reforma en la pasada legislatura —PSOE, UP, PNV, ERC, EH Bildu y Junts— llegaron a acuerdos en otros 36 preceptos. Incluso hubo pacto en dos puntos que crearon controversia hasta el último minuto: las sanciones por falta de respeto a los agentes y por «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes». Hoy la situación es igual de complicada. O más. ERC y EH Bildu siguen pie en pared con su veto a las bolas de caucho y a las deportaciones exprés, pero es que en esta legislatura, además, la reforma necesita sí o sí los votos a favor de la siempre inestable Junts.

Una cosa es romper los gobiernos con el PP en las comunidades autónomas y otra renunciar a las presidencias de los parlamentos regionales que, a cambio de su apoyo para las investiduras, los populares concedieron a Vox en CyL, Valencia, Aragón e Islas Baleares. La formación de Abascal mantiene que la ruptura de los pactos con el PP que dio lugar a la dimisión de sus cuatro vicepresidentes autonómicos no conlleva que sus cuatro presidentes en las cámaras regionales deban renunciar a sus cargos. Los reglamentos de los parlamentos contemplan que los máximos responsables del Legislativo solo pueden ser sustituidos en caso de dimisión o de que dejen de pertenecer a un grupo en la Cámara. En el caso de Baleares, sí es posible la sustitución por medio de la denominada «moción de remoción» que, no obstante, necesitaría de un pacto entre el PP y las fuerzas de izquierda al requerir el apoyo de tres quintos de la asamblea autonómica. Los cuatro presidentes que mantiene la formación de extrema derecha cobran un salario bruto anual que va desde los 72.000 euros que recibe el balear Gabriel Le Senne a los casi 100.000 que percibe la valenciana Llanos Massó.

El Gobierno arriesga su entereza, y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las generales del 23 de julio de 2023. La casualidad ha hecho que este martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura y la coalición con Sumar a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts ha dejado en manos del PP. Y en paralelo, con una trascendencia política aun mayor, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.

Enmiendas con ERC

En lo más inmediato, el Ejecutivo también dialoga «al más alto nivel» y con «buena predisposición», según fuentes de los republicanos, para que estos favorezcan la toma en consideración el martes de la proposición de ley registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria -que gobierna las islas junto al PP- para reajustar la norma vigente desde 2000 sobre extranjería. En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar literalmente a las comunidades a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipélago canario, vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida. El Gobierno negocia las enmiendas de ERC, después de que el Govern fuera el único en abstenerse en la conferencia sectorial del 10 de julio que distribuyó 347 niños y adolescentes inmigrantes solos al requerir «orden, condiciones» y que se dote de más recursos a su voluntad de colaborar.