La Fiscalía y el abogado de Gómez piden anular la citación al presidente

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez han pedido al juez Juan Carlos Peinado que revoque la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio en La Moncloa, en el marco de la causa en la que investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias.

En sendos recursos presentados este martes el fiscal y el letrado Antonio Camacho critican con dureza la decisión que el juez de instrucción número 41 de Madrid adoptó el mismo día que compareció Begoña Gómez en calidad de investigada y se acogió a su derecho a no declarar. No entienden qué busca el magistrado con la testifical del jefe del Ejecutivo, que el fiscal no ve necesaria, útil ni pertinente, y que la defensa de Gómez considera que no existe «el más mínimo indicio» que la justifique «más allá de la voluntad libérrima» de Peinado.

Por primera vez en la historia, un juez ha acordado dirigirse a la Moncloa para interrogar como testigo al presidente del Gobierno, una decisión de la que discrepan la defensa y la Fiscalía, que creen que, de mantenerse la declaración, debería practicarse por escrito, como fija la ley para asuntos relativos al cargo del jefe del Ejecutivo, y como ha ocurrido en otras ocasiones con otras autoridades.

El fiscal cuestiona que el juez haya buscado un «subterfugio» para ir a la Moncloa en base a dos preceptos legales que ofrecen esta posibilidad para algunos cargos públicos si la declaración se centra en «cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo», algo que no le encaja tampoco al abogado, ya que la causa se investiga un presunto tráfico de influencias de su mujer.

Por el momento, se desconoce qué hará el presidente del Gobierno si se mantiene su citación, aunque el abogado de Begoña Gómez se ha mostrado seguro de que «quiere colaborar» con la Justicia. Como testigo, la ley le permite que no declare en contra de su cónyuge. Fuentes del Gobierno piden esperar a la decisión que haya sobre los recursos y recalcan que Sánchez aún no ha recibido la citación.

«¿Qué se espera que declare?»

La Fiscalía —que trató sin éxito de archivar la causa en sus inicios— reprueba la «parquedad» de una resolución dictada, con «errores» y «premura», dificultando así la tramitación de su recurso, y pide que sea suspensivo y se deje sin efecto la citación ante la «repercusión y dudas jurídicas» que esta entraña. «¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa? ¿Que sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento? ¿Que la conocía o que participó? ¿Que colaboró? ¿Que fomentó la actividad?», se pregunta con ironía el fiscal.

Y subraya que la igualdad de los españoles ante la ley, protegida en la Constitución, «no puede hacer de peor condición a quien ejerce un cargo público relevante (ni a su esposa)», que no debe «verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto».

Muy crítica ha sido también la defensa de Gómez, ejercida por el exministro Antonio Camacho, que tilda de «sorprendente» y contraria a derecho la decisión del juez, adoptada en el marco de una «singular línea de investigación» y carente de «concreción» o fundamento.

Aunque la maquinaria jurídica de los recursos ya está en marcha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aun no ha recibido la resolución del juez, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sánchez continúa con su agenda sin pronunciarse sobre su citación en una causa que, en opinión del Gobierno, no es judicial, sino «política» y está «alentada por la derecha y la ultraderecha» con un «objetivo claro: atacar al presidente del Gobierno y a su familia y erosionar al Gobierno progresista», ha dicho este martes Pilar Alegría.

«No hay caso», ha reiterado la ministra portavoz, mientras desde el PP y Vox han acusado al Gobierno de iniciar una «cacería» y presionar al juez Juan Carlos Peinado por investigar a su mujer.