Sánchez se sirve del Estado para denunciar al juez por prevaricación
La Abogacía niega «atacar al Poder Judicial» y afirma que actúa por la «arbitrariedad» del magistrado
Imagen de la llegada del juez Peinado al palacio de La Moncloa. MARISCAL
Pedro Sánchez pasa al ataque contra el juez Juan Carlos Peinado con toda la artillería que le proporciona su cargo. Solo instantes después de que el presidente del Gobierno se acogiera en Moncloa este martes a su derecho a no declarar contra su mujer y guardara silencio ante el instructor, la Abogacía del Estado, en nombre del presidente y en un movimiento sin precedentes en la historia judicial española, presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por «prevaricación judicial» contra el magistrado que investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a su mujer. El escrito justifica el emprendimiento de acciones legales en nombre del Estado contra el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por la «necesidad de defender la institución que representa la Presidencia del Gobierno» frente a la «arbitrariedad» de Peinado.
Aunque la querella enumera diversas resoluciones que Sánchez considera injustas o de dudosa motivación, el eje de la demanda con la que el jefe del Ejecutivo pretende el apartamiento de la carrera judicial de este magistrado (la prevaricación esta castigada con hasta 15 años de inhabilitación) es la negativa del instructor a dejar declarar al presidente por escrito. Peinado se lo denegó y le respondió que, según el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendía que estaba facultado para tomarle declaración en Moncloa o en su despacho oficial al tratarse de hechos de los que no había tenido conocimiento por su cargo. Esgrimió el juez que solo le iba a cuestionar como esposo de Begoña Gómez y por las actividades de su cónyuge, algo que -apunta la abogacía en su escrito- no tiene sentido cuando la acusación es el tráfico de influencias, una figura que solo se puede cometer por alguien haciendo uso de su ‘autoridad’.
Así las cosas, la demanda, de 35 páginas, se registró el TSJ de Madrid en el momento en que los servicios jurídicos del Estado vieron consumado el supuesto delito de prevaricación, al obligar Peinado a Sánchez a comparecer en persona ante él, aunque no llegara a ser interrogado acogiéndose al derecho de no testificar contra un familiar cercano. En ese escrito, la abogacía insiste en que se ha visto obligada a presentar esta querella para defender a una institución central del Gobierno frente «a las actuaciones puntuales realizadas por el querellado», el juez Peinado. «Ello no supone, ni puede suponer un ataque al poder judicial», sino una forma de combatir la «arbitrariedad proscrita constitucionalmente» del magistrado y su «injusto proceder».
Empeño en interrogar al presidente
Hecha esa advertencia previa, el texto que firma la letrada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, ve una clara prevaricación en la actuación de Peinado en su empeño por interrogar en persona a toda costa al presidente, incluso a sabiendas de que no podía hacerlo una vez que él había manifestado su intención de limitarse a responder un cuestionario, tal y como le ampararía la Ley de Enjuiciamiento Criminal por tratase de hechos que no son ajenos al cargo que actualmente ostenta Sánchez. Según los servicios jurídicos, Peinado ha «violentado sin motivación posible» la ley para intentar interrogar en persona al presidente con «una finalidad extraprocesal». «Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada contraviene la normativa que la regula (Ley de Enjuiciamiento Criminal), despojando a quien ostenta, la Presidencia de uno de los poderes del Estado, de las garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», zanja la querella.
«Finalidades ajenas»
«No se trata de que no quepa investigarse a alguien en nuestro sistema procesal: se trata de que la forma buscada para la investigación, en este caso concreto, está más orientada a otras finalidades, ajenas a las procesales, de manera que las decisiones no pretenden ser eficaces desde un punto de vista sumarial, sino aparatosas», apunta la querella.
La Abogacía del Estado, que recuerda que Peinado se habría saltado la «costumbre» de no publicar resoluciones en período electoral cuando «hay intereses políticos concernidos por el proceso», afirma además se ha dedicado además de hacer una «contravención abierta de normas que pretenden ordenar la intervención en el proceso penal de los poderes e instituciones del Estado» con tal de apuntar contra el jefe del Ejecutivo.
La querella de Sánchez insiste en la necesidad de parar al instructor, al que acusa de usar esta causa contra Begoña Gómez para saltarse la división de poderes. «Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales». «A nadie se le escapa la relevancia que puedan tener las resoluciones judiciales».