Llarena pide explicaciones al Gobierno por su pasividad

El enorme enfado en el Tribunal Supremo por la desidia de los Mossos y del Ministerio del Interior que facilitó la nueva fuga de Carles Puigdemont el jueves es muy probable que acabe en acusaciones penales contra los responsables de ambas instituciones. El instructor del caso del ‘procés’ en el Supremo, Pablo Llarena, dio este viernes el primer paso para abrir una investigación oficial sobre lo ocurrido, que podría derivar en graves acusaciones, según avisan ya desde alto tribunal. El magistrado pidió informes a los Mossos pero también al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para la detención del líder de Junts y, muy en concreto, «sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial». En el oficio dirigido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, Llarena pregunta si Interior, a sabiendas que el huido había anunciado que iba a volver a España para la investidura de Salvador Illa con bastante anticipación, dio algún tipo de orden para intentar interceptarle a su regreso a territorio nacional. «¿Cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y detención?», inquiere el magistrado a Interior, dando por hecho que Policía y Guardia Civil debieron por fuerza recibir algún tipo de instrucción para trata de apresarle, dado que sus planes de regresar eran de conocimiento público.