Interior descartó realizar controles en las carreteras tras la fuga de Puigdemont
El informe íntegro de Marlaska al juez Llarena oculta quién ordenó no montar una operación previa
El Ministerio del Interior no solo rechazó montar una operación previa para intentar localizar a Carles Puigdemont cuando el líder de Junts anunció que regresaría a España para la investidura de Salvador Illa el pasado 8 de agosto. Tampoco lo hizo después del número de escapismo de hace una semana bajo el Arco del Triunfo de Barcelona, ya que no ordenó un verdadero operativo de envergadura para tratar de arrestar al prófugo antes de que, como era previsible, volviera a Bélgica a través de las carreteras francesas. Así lo revela el informe íntegro remitido por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska al juez del Supremo Pablo Llarena después de que éste le pidiera explicaciones por el «fracaso» en la captura de Puigdemont. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, constata que Interior se limitó a disponer controles en 15 puntos de los habituales en los que se coloca siempre la Guardia Civil y, sobre todo, la Policía Nacional en las cercanías de las fronteras de Francia, muchas veces como simple disuasión. Se trata de puntos más que conocidos por los habitantes de la zona y los turistas asiduos a los Pirineos catalanes.
Las ubicaciones exactas de estos controles en carreteras y vías secundarias (8 en Lleida y 7 en Girona) se incluyen en el informe, pero no se especifican en esta información por motivos de seguridad. Interior, de acuerdo con este dosier, no desplegó efectivos en ninguna de las numerosas carreteras aragonesas, navarras o vascas que también dan acceso a Francia. Solo se controlaron dos de las cinco provincias que colindan con el país vecino, con el que existen operativos en la actualidad 27 pasos.
Interior intenta justificar lo humilde de ese despliegue dado los «recursos disponibles». Una supuesta escasez que llevó a que el ministerio tampoco ordenara ningún operativo de ‘jaula’ en las «vías de alta capacidad», que quedaron bajo la «responsabilidad del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra». Más allá de esa operación en carreteras secundarias, Interior —desvela el informe— sí que desplegó algunos agentes de paisano la tarde del jueves por si al prófugo se le ocurría dar otro golpe de efecto por la tarde y volviera a la zona.
Sin embargo, el informe oculta quién o quiénes fueron los mandos policiales o responsables políticos de Interior que tomaron la decisión de que la captura del prófugo más buscado de España no ameritaba un operativo «extraordinario» previo de los servicios de información para anticiparse a los movimientos del huido o un despliegue de efectivos encubiertos en los alrededores del escenario para apresarle, en el caso de que los Mossos, como así acabó ocurriendo, no lo hicieran.
El documento enviado por el equipo de Marlaska despacha la rendición de cuentas a Llarena en solo cinco folios y sin firma, y con el único membrete de Interior (sin departamento alguno). Tal y como anticipó este martes el ministerio a través de un comunicado, efectivamente el texto constata que ni Policía ni Guardia Civil montaron un operativo previo para tratar de localizar a Puigdemont y que solo a posteriori, cuando se constató que el líder de Junts se había vuelto a dar a la fuga, fueron movilizados los servicios de información y de fronteras. Y esa es la argucia que utiliza Interior para no dar nombres: como no había «un dispositivo ad hoc, el mando del despliegue operativo y ejecución de todas las actuaciones generales o particulares dirigidas a la detención del procesado en rebeldía señor Puigdemont ha recaído en la cadena orgánica ordinaria, sin que se haya establecido una estructura específica para tal fin».