El Supremo alegará fallos en la ley para no aplicar la amnistía al completo
Se espera que el Tribunal Constitucional rectifique al Supremo y aplique la ley sin excepciones
El expresidente catalán Carles Puigdemont, en el acto de su fugaz vuelta a España. ALBERTO ESTEVEZ
La batalla judicial para intentar forzar la aplicación sin excepciones de la ley de amnistía se retomará con fiereza a la vuelta de vacaciones en el Tribunal Supremo. Los recursos ya oficializados y los que se anuncian que se presentarán a continuación vaticinan al menos un año de lucha entre los dos bandos implicados.
De un lado, el juez instructor del ‘procés’ Pablo Llarena y la Sala de lo Penal. Del otro, Carles Puigdemont, otros líderes independentistas a los que no se les ha borrado la malversación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El desenlace final de este pulso -coinciden desde uno y otro lado- va a ser que el Supremo no va a enmendar ni una coma de las 51 páginas de su auto del pasado 1 de julio en el que la Sala que preside Manuel Marchena decretó que no era amnistiable el delito de malversación (del que está acusado, entre otros, el expresident huido y por el que están condenados varios de los líderes de la intentona secesionista) al entender que sí que «hubo beneficio personal de carácter patrimonial» de los implicados. Este litigio va a acabar en el Tribunal Constitucional de mayoría progresista, donde, como ya auguró esta semana el ministro Óscar Puente y apuntan todas las fuentes consultadas, es probable que se rectifique al Supremo y se dé luz verde a la aplicación sin excepciones de la controvertida ley.
Eso sí, la corte de garantías no entrará en juego al menos hasta bien entrado el 2025 y, además, tendrá que rebatir a fondo el abundante arsenal jurídico que ya han exhibido y que siguen perfeccionando los jueces del Supremo. Los magistrados van centrar sus críticas, como ya hicieron el mes pasado, en la ausencia de «coherencia», «nitidez» y «comprensibilidad» del texto que entró en vigor el pasado 11 de junio, según detallan fuentes cercanas al tribunal.
O sea, van a abundar en su argumento central de que los supuestos fallos técnicos que jalonan el articulado por el afán de poder amnistiar la malversación del ‘procés’ a pesar de que la legislación europea lo veta, han provocado un gran agujero, en el que cabe interpretar, conforme a la jurisprudencia, que Puigdemont y los suyos sí que tuvieron un «beneficio patrimonial», aunque no se quedaran el dinero porque básicamente se ahorraron pagar el ‘procés’ de su bolsillo.
Tanto Llarena como la Sala de lo Penal van a tener multitud de ocasiones de «sacar los colores» (frase textual de un magistrado) a los redactores de ley. Y en ningún caso, aclaran desde el alto tribunal con cierta sorna, será una inexistente «Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo» la que decida, tal y como afirmó tajante el pasado miércoles el Ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El instructor del ‘procés’ tiene que resolver en breve el recurso de reforma del líder de Junts, contra la decisión de no levantarle la orden de captura. También ante Llarena y en ‘reforma’ recurrió la Fiscalía. La Sala también se va a tener que manifestar porque la Abogacía del Estado presentó directamente un recurso de súplica ante la sección cuarta.