Interior alerta de que Argelia es el origen del yihadismo contra España

Los servicios antiterroristas españoles llevan décadas poniendo el foco de la lucha antiyihadista en los radicales marroquíes. La cercanía geográfica, la enorme colonia de más de un millón de residentes que siempre puede ser usada por los integristas para pasar desapercibidos y el hecho de que los dos mayores atentados islamistas en España, la masacre del 11-M de 2004 y los ataques de Cataluña de agosto de 2017, tuvieran una participación mayoritaria de terroristas procedentes del país vecino han sido los principales motivos de esa fijación.

Pero esa focalización, apuntan mandos de la seguridad del Estado, no debe hacer perder la perspectiva de que no todas las amenazas vienen de Marruecos. De hecho, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ya advierte de que Argelia podría convertirse en breve (si no lo ha hecho ya) en un importante foco de yihadismo con potencial para amenazar a España. El temor de los servicios antiterroristas del CNP a que los integristas argelinos se conviertan en un problema de seguridad nacional se ha hecho público en una sentencia del pasado 5 de junio de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Y es que para conseguir el aval de la justicia a la expulsión administrativa de un conocido disidente del régimen de Árgel, la CGI ha tenido que revelar que tiene datos de que activistas de Argelia podrían estar buscando crear células locales en España y en Europa para cubrir el espacio que ha dejado la práctica desaparición como multinacionales terroristas de Al Qaeda y más recientemente el Daesh.

El caso analizado en la sentencia es el del exmilitar Mohamed Benhalima, que fue deportado a su país el 24 marzo de 2022, a pesar de las denuncias de las organizaciones internacionales de que iba a ser torturado a su regreso por el gobierno de Abdelmadjid Tebboune, que le acusaba de terrorismo. Curiosamente, la deportación, que Argel venía reclamando desde que el disidente llegara a España en 2019, se produjo solo cinco días después de que se desatara la grave crisis con Argelia después de que Pedro Sánchez reconociera, de facto, la soberanía sobre el Sáhara Occidental en una carta a Mohamed VI.

La Secretaría de Estado de Seguridad no solo expulsó al disidente sino que también le prohibió la entrada por una década por una infracción muy grave a la ley de extranjería por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público».

Rechazo de asilo

Interior, que negó en su momento el asilo al exmilitar, lejos de reconocer su condición de refugiado le sitúa ahora como un experto en el «manejo de armas» y con «formación en técnica y tácticas militares». Una formación, apuntan los atestados del CGI, que es «susceptible de ser utilizada para la perpetración de acciones violentas, bien de manera autónoma o bien siguiendo planes de la organización matriz». Y es ahí donde los servicios antiterroristas sitúan al desertor del ejército dentro de la estrategia de grupúsculos yihadistas que buscan cubrir «el vacío de poder que organizaciones como Daesh y Al Qaeda han dejado en la esfera internacional». Unos movimientos que, insiste la Comisaría General de Información, «podrían provocar que organizaciones que hasta ahora habrían permanecido durmientes, pretendieran ejecutar acciones violentas en territorio europeo, con la finalidad de adquirir fuerza entre sus seguidores».

La Policía afirma que la «estrategia» de Abdelmadjid Tebboune era la de valerse de su condición de supuesto perseguido para extender su ideología entre el mayor número de personas, independientemente de su nacionalidad y del lugar del mundo en el que se encuentren sus audiencias».