Sánchez se aferra al salvavidas de los Presupuestos para seguir en la Moncloa

Resuelta la ecuación de la gobernabilidad en Cataluña, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 es la asignatura pendiente del Gobierno este año y el salvavidas de Pedro Sánchez. El devenir del nuevo curso político sigue estando sujeto, y eso no lo ha cambiado la investidura de Salvador Illa, a la voluntad de los siete escaños de Junts en el Congreso de los Diputados. Y el presidente del Gobierno es consciente de que sin unas nuevas cuentas públicas tiene complicado seguir adelante. Los Presupuestos son la razón de ser de la legislatura. No sólo porque el Partido Popular y la hemeroteca hayan devuelto como un bumerán que «un Gobierno sin presupuestos no puede hacer nada», tal y como el propio Sánchez repetía en 2018 a Mariano Rajoy cuando era jefe de la oposición para que convocase elecciones. Sino porque más allá de la amnistía pactada con las formaciones independentistas, muchos de los acuerdos comprometidos con el resto de socios de -Sumar, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria- tienen que desplegarse bajo el paraguas de unos Cuentas Públicas. En lo que llevamos de año han sido tres las ocasiones que el Congreso examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. Las dos primeras, relativos a los Presupuestos de 2024, que quedaron en papel mojado después de que el Gobierno renunciase a ellos por el adelanto electoral en Cataluña. Y la tercera y más dolorosa, en el último pleno de julio, cuando Sánchez volvió a darse de bruces con la realidad parlamentaria que dejaron las elecciones del 23-J y los postconvergentes volviesen a evidenciar la fragilidad del Ejecutivo. Lo hicieron, en medio de las negociaciones en Cataluña entre socialistas y republicanos, tumbando en la Cámara baja la senda de estabilidad presupuestaria, el paso imprescindible para la tramitación del proyecto de ley.

Las consecuencias de este órdago no son irreversibles y no tienen por qué impedir la tramitación de las Cuentas públicas de 2025. Pero sí complica su elaboración y pone trabas a que puedan ser presentadas en tiempo y forma y entren en vigor el 1 de enero. En su balance del curso político el 31 de julio, el presidente del Gobierno confió en poder presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en «septiembre u octubre» y aprobarlos «en el segundo semestre del año». Una aspiración que augura un otoño con todas las energías gubernamentales concentradas en cumplir este fin.

Con las metas de déficit y deuda en la casilla de salida, el Ejecutivo tiene ahora dos opciones: presentar unos nuevos objetivos a nueva senda fiscal -para lo que cada vez hay menos tiempo- o elaborar las Cuentas con una senda desfasada, la de 2023, que es la última aprobada. Estos son los que se enviaron a Bruselas en la primavera de 2023 y resultan más exigentes para las comunidades y los ayuntamientos, la mayoría en manos del PP, que tendrán que apretarse el cinturón. A este contexto ya enrevesado antes del parón estival se sumará el cónclave nacional de Junts a finales de octubre. De salir adelante, los primeros Presupuestos de la legislatura darán oxígeno a Sánchez y garantías de continuidad. Pero el Gobierno sólo se lanzará si tiene certeza de que ninguno de sus socios parlamentarios, y en especial Junts, le plantea una enmienda de devolución que, sumada a las seguras del PP y Vox, impediría seguir adelante con los Presupuestos y pondría en jaque al Ejecutivo. En el peor de los escenarios, Sánchez se vería obligado a mantener la prórroga y daría argumentos al PP para elevar la presión alegando que la legislatura está en coma. En ese caso ganaría enteros la posibilidad de una moción de censura, como ya ha venido planteando la formación de Alberto Núñez Feijóo.