Puigdemont denuncia a Llarena por el retardo «malicioso» de la amnistía
Presenta un escrito al CGPJ para que investigue que la orden de detención siga activa
Carles Puigdemont mantiene la tensión judicial después de eludir la orden de detención nacional tras su comparecencia pública en Barcelona el pasado 8 de agosto. El expresidente catalán y el eurodiputado de Junts Toni Comín han denunciado este lunes al instructor de la causa del ‘procés’, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el «retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución» de los recursos a la aplicación de la ley de amnistía, que entró en vigor el 10 de junio. El abogado de Puigdemont pide al órgano de gobierno de los jueces que investigue esta demora al considerar que el magistrado ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haberse «excedido con creces el plazo previsto» en el ordenamiento para resolver los recursos. Y es que, apunta el letrado, «la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve».
Los mismos se presentaron, en concreto, contra el auto por el cual el juez declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa a Puigdemont y Comín. Asegura que «los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma». «No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo», sostiene. Todo ello, incide en su escrito, a pesar de que el juez Llarena dejó «sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura» de Puigdemont. «Lo que, además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada para no resolver dentro del plazo legal», concluye el letrado.