El Gobierno busca fórmulas para deshacer el embrollo del pacto fiscal en Cataluña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y del de Canarias, Fernando Clavijo, el viernes en La Palma.
El melón de la financiación autonómica era uno de los pocos que quedaban por abrir en esta legislatura. Y el pacto fiscal para Cataluña, que ya empezó como un plato de difícil digestión, se le ha atragantado al Gobierno en la recta final de agosto. Atrapado en el relato de Esquerra —a quien el PSOE ha permitido hasta ahora llevar la voz cantante sobre el acuerdo para investir a Salvador Illa—, Pedro Sánchez tiene pendiente cuadrar el complejo puzle que dejó incompleto antes de las vacaciones: sellar las fisuras que la financiación singular para Cataluña ha provocado con el resto de territorios y en sus propias filas y cumplir el compromiso firmado sin enfurecer a su socio.
La caja de los truenos que destapó esta semana la ministra María Jesús Montero en su intento de hacer pedagogía entre los líderes autonómicos y socialistas disconformes amenaza con socavar la ya de por sí precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Máxime, con la crucial negociación en otoño de los Presupuestos del Estado para 2025, aunque empieza a cobrar fuerza la posibilidad de una nueva prórroga de los actuales, los de 2023, ante la falta de garantías de que ERC y Junts vayan a apoyarlos. Por eso busca fórmulas para deshacer el embrollo.
El Gobierno continúa enrocado en la consigna de que la «soberanía fiscal plena» en Cataluña respetará el «principio de solidaridad» pero sin detallar cómo piensa llevarlo a cabo. No lo hizo Montero ni los ministros que salieron al rescate para tranquilizar a los republicanos. Ni siquiera el propio Sánchez, que retomó el viernes su agenda para abordar la crisis migratoria y evitó hacer declaraciones después de reunirse con el presidente canario Fernando Clavijo.
Vías posibles
No hay que descartar que, para desatascar la situación, Moncloa esté valorando todas las fórmulas posibles antes que verse sometido a la humillación política de una más que probable derrota en la votación parlamentaria en las Cortes. La propuesta, que implicaría la reforma de varias normas, contaría por descontado con el voto en contra de PP, Vox y UPN, más el anticipado por cuatro de los 31 diputados de la coalición Sumar que ya advirtieron en julio que no lo respaldarían. Y podrían ser más.
Pero si la financiación singular no es un concierto, tampoco un cupo ni una reforma «al uso» -parafraseando a Montero- del modelo de financiación fiscal (que lleva congelado desde 2009 y cuya última revisión oficial data de 2014), las opciones son pocas. Y todas pasan por la ley orgánica que rige el modo en el que se reparten a cada autonomía los fondos recaudados por el Estado (Lofca), lo que conllevaría complejas negociaciones con los grupos parlamentarios para salir adelante.
La segunda opción contempla un acuerdo de colaboración a través de un consorcio paritario entre la Agencia Tributaria española y la catalana encargado de recaudar todos los impuestos.