PP y Vox quieren erosionar a Sánchez pese a su ruptura en las autonomías
La relación pasa por su peor momento pero se mantiene para desalojar de Moncloa al presidente
Nunca antes la relación entre PP y Vox había atravesado un momento tan bajo. Los de Santiago Abascal rompieron el 11 de julio por orden de la dirección nacional los cinco ejecutivos autonómicos que compartían en coalición con los populares, que desde entonces se han visto obligados a desenvolverse en minoría en los parlamentos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Región de Murcia. A estas regiones se suma Islas Baleares, donde los de Alberto Núñez Feijóo también dependen de Vox pese a no haber sido incluido en el ejecutivo tras las elecciones autonómicas. El motivo de este cisma fue la decisión de los populares de apoyar la redistribución de 471 menores extranjeros no acompañados hacinados en las Islas Canarias, que acogen a 6.000 de estos migrantes cuando su capacidad máxima son 2.000 plazas.
Pese a sus minorías parlamentarias, los barones del PP afectados no disimulan su satisfacción por haberse librado de un socio extremadamente incómodo. No obstante, Feijóo es consciente de que necesitará de Vox para alcanzar la Moncloa, pero también que el eslogan de Pedro Sánchez sobre la llegada de la extrema derecha al Gobierno le supuso un lastre insalvable en las elecciones generales de 2023.
De momento los gobiernos autonómicos del PP en los que se han roto las alianzas han comenzado a desentenderse de una parte de las exigencias más polémicas que se vieron obligados a firmar negro sobre blanco a cambio de las investiduras de sus presidentes. Entre las más controvertidas se encuentran las leyes de concordia —que pretenden evitar la aplicación de la ley estatal de Memoria Democrática— o las normas que sustituyen la violencia de género por el término de violencia intrafamiliar. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, fue muy clara. «No vamos a poner en marcha esa ley de concordia», señaló tras su ruptura con Vox, una alianza que se resistió a aceptar tras las autonómicas de 2023 pero que al final se vio obligada por orden de Madrid.
La decisión de Vox de abandonar los ejecutivos regionales no significa que el PP se vea aislado para sacar adelante sus iniciativas. Así lo aseguró desde un principio la dirección nacional del partido de Abascal, que se declara dispuesta a negociar ley a ley. De verse bloqueadas —o bien por tacticismo político—, cada una de las seis autonomías del PP afectadas puede pulsar el botón rojo y adelantar las elecciones confiando en alcanzar una mayoría absoluta con la que actuar sin cortapisas.
«Hasta aquí hemos llegado»
Las relaciones políticas y personales entre PP y Vox son una montaña rusa desde la irrupción de los de Abascal en el Congreso en las generales de abril de 2019, en las que la formación de derecha radical obtuvo 24 diputados. Más aún después de la repetición electoral en noviembre del mismo año, cuando elevó su presencia en la Cámara baja hasta los 52 escaños.
En Vox se reconoce que con Pablo Casado al frente del PP la relación era más que fluida, hasta el punto en el que los contactos entre ambos líderes políticos se daban casi de forma semanal. Todo cambió, añaden las mismas fuentes, después del debate de la primera moción de censura que Vox presentó contra Sánchez en noviembre de 2020. Casado no sólo no la apoyó sino que además espetó a Abascal un «hasta aquí hemos llegado».
La relación no mejoró con la defenestración del predecesor de Feijóo al frente del PP. Menos aún cuando el líder de los populares comenzó a presumir una y otra vez que con él como presidente de la Xunta de Galicia la extrema derecha nunca obtuvo representación en el Parlamento de Santiago de Compostela.
Pese a lo que considera continuos desplantes, Abascal mantiene abierta la puerta a una posible moción de censura contra Sánchez para la que haría falta la cuadratura del círculo. Primero necesariamente debería partir de las filas del PP y después que, además de los diputados de Vox, la apoyasen a su vez los parlamentarios de PNV o de Junts. Al margen de la ausencia de sintonía entre Feijóo y Abascal, en política todo es posible. Sánchez ya vetó a Pablo Iglesias como vicepresidente y aseguró que con Podemos en el Gobierno no podría conciliar el sueño. El líder socialista, confiado en sus posibilidades, optó por la repetición electoral de 2019. Pero no le salió la apuesta y un día después de aquellos comicios se vio obligado a firmar el primer gobierno de coalición de la democracia, con Iglesias como vicepresidente segundo de aquel Ejecutivo.