Sánchez examina la fuerza de su Gobierno para aprobar sus leyes

Desatascar la agenda legislativa. Ese es el reto con el que el Gobierno encara septiembre tras el superciclo electoral que marcó el pasado curso político y que, de momento, deja en un cómputo paupérrimo su acción en las Cortes en el primer año de legislatura. El Ejecutivo sólo ha logrado sacar adelante cinco leyes —entre ellas, la polémica amnistía para los encausados del ‘procés’— y ha sufrido cuatro reveses: la reforma del subsidio por desempleo, la abolición del proxenetismo, la ley del suelo y la reforma de extranjería. Un balance muy alejado del medio centenar de normas —43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas— que Moncloa se propuso aprobar en el Plan anual normativo de 2024 presentado en abril.

El Congreso echó el cierre por vacaciones con cincuenta normas en tramitación. Una parálisis que afecta incluso a seis proyectos de ley del propio Ejecutivo de coalición, pese a que se tramitan por procedimiento de urgencia, y claves para desplegar el paraguas social como la creación de una agencia estatal de Salud Pública —que superó el debate de totalidad en febrero y suma veinte ampliaciones del plazo para presentar enmiendas—, la ley de familias —encallada desde la anterior legislatura— o la ley de movilidad sostenible, entre otras. Pero también para cumplir los compromisos adquiridos con los socios que dieron el ‘sí’ a Pedro Sánchez en su investidura. A esta lista se suman ahora cuestiones capitales para el devenir de la legislatura. La más importante, la presentación de unos nuevos Presupuestos para 2025 que el Gobierno se comprometió la semana pasada a presentar «en tiempo y forma» y el primer test de estrés en la Cámara baja después de que Junts tumbara en julio la senda fiscal, la primera piedra para la elaboración de las Cuentas públicas.

De órdago en órdago

Si las relaciones del PSOE con sus aliados nunca han sido un camino de rosas, en este último año se han tornado frenéticas. «Órdago» se ha convertido en el calibre habitual para definir las negociaciones entre Gobierno y los postconvergentes para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

El partido soberanista volvió a enseñar los dientes en la Diputación Permanente el pasado martes como anticipo del endurecimiento de sus posiciones tras la llegada de Salvador Illa a la Generalitat. La financiación singular pactada para Cataluña impregnará las negociaciones con Junts y Esquerra, matemáticamente necesarios para sacar adelante cualquier iniciativa. En paralelo, urge abordar la crisis migratoria con iniciativas que resuelvan el colapso en territorios como Canarias y Ceuta y el Gobierno necesita acercar posturas con la oposición. Más aún después de que las diferencias se hayan acentuado en el transcurso de la gira africana de Sánchez.

La estrategia de Sánchez pasa por implicar a las comunidades en el reparto de menores, una propuesta que el PP rechaza de plano. Los populares ya han advertido que su apoyo para reformar la ley de extranjería pasa por que el Ejecutivo acepte su plan migratorio y más recursos financieros.

Al margen de estos dos asuntos cruciales, el líder socialista aspira a aprobar en otoño el paquete de medidas del llamado «plan de regeneración» que prevé abarcar desde una reforma de la financiación institucional de los medios de comunicación hasta el refuerzo del derecho al honor o una eventual reforma de la ley mordaza. Entre las asignaturas legislativas que el Gobierno suspendió antes del verano está la ley del suelo. El Ministerio de Vivienda la retiró in extremis del trámite parlamentario en mayo para evitar que decayera ante la negativa a respaldarla tanto por parte del PP como del ala minoritaria de la coalición, Sumar. La misma iba incluir la prohibición de las ‘golden visa’, el visado de nacionalidad que se otorgaba con la compra de una vivienda a partir de medio millón de euros. El Ejecutivo estudia ahora incluir esta prohibición en una enmienda de alguna de las leyes que se aprueben en la Cámara baja. Una vía con la que también pretende «enmendar» el error de la ley de paridad que eliminaba la protección de los trabajadores que se hubieran acogido a la reducción de jornada o los permisos para cuidado de familiares.

Compromisos casi inviables

Mucho menos avanzada está la reducción de la jornada laboral, bandera de Sumar y que de no llegar a buen puerto podría enmarañar aún más el ya de por sí complejo escenario de los socios del PSOE.

El Ministerio de Trabajo se está encontrando con dificultades para cumplir con el compromiso que fijó la reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas semanales en 2025 frente a las 40 horas actuales. Independientemente de la negociación previa para llevarlo al Consejo de Ministros, está por ver si la medida contará con el consenso parlamentario suficiente para que pueda hacerse efectiva en el corto plazo.

A los proyectos pendientes del Gobierno ya citados hay que añadir otras iniciativas para la defensa del cliente financiero, la ley que crea la Oficina de Derechos de Autor, ambas enviadas a la Cámara en abril pero que a la espera de que se cierre el plazo para las enmiendas parciales. Otros cuatro más recalaron en el Parlamento en junio: navegación aérea, universalidad del sistema nacional de salud, responsabilidad civil y seguro de circulación e impuesto complementario para grandes empresas. Estos ni siquiera han sido tomados en consideración. También se convalidaron en el mes de junio y se tramitaron como proyectos de ley el decreto que prorroga la suspensión de desahucios, el de descuentos para jóvenes que viajen en autobús o tren en verano y el que busca mejorar el nivel asistencial de la prestación por desempleo, pero se encuentran a la espera de enmiendas a la totalidad.