El Gobierno repartirá 35 M para acoger a menores migrantes no acompañados
El PP se reunió de forma confidencial en agosto con Moncloa y Canarias para el reparto
Dos menores migrantes rescatadas por Salvamento Marítimo en la isla del Hierro. GELMERT FINOL
El Consejo de Ministros aprobó ayer una partida presupuestaria valorada en 35 millones de euros para atender la acogida de menores migrantes no acompañados, dividida en dos bloques: uno de 15 millones para Canarias, Ceuta y Melilla; y otro de 20 millones para los traslados entre comunidades autónomas.
Según informó Juventud e Infancia, el primer bloque irá destinado a los tres territorios principales de llegadas de las rutas migratorias africanas, con una distribución de seis millones de euros para Canarias y 4,5 millones para cada una de las ciudades autónomas. De este modo, el departamento dirigido por Sira Rego arguyó que las autoridades de estos territorios «podrán hacer frente a gastos derivados de la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados».
Este primer bloque también incluye la cobertura para acciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social (en acogimiento residencial o en acogimiento familiar), la representación legal y la orientación y asistencia jurídica en los procedimientos de extranjería y asilo.
A su vez, se dará cobertura a gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema, los gastos estructurales y los derivados de la atención a los menores migrantes no acompañados que las comunidades autónomas atienden desde que se puso en marcha el sistema de reubicación interterritorial.
El segundo bloque presupuestario irá destinado a las comunidades autónomas de destino, con la excepción del País Vasco y Navarra, que asumen plazas de reparto pero que reciben la financiación a través de sus propios sistemas de concierto, y a Ceuta. El objetivo de esta partida, según Juventud e Infancia, es «atender a 400 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (300 de Canarias y 100 de Ceuta)».
La Comisión Sectorial acordó que este año se proceda al traslado de 347 de estos chavales entre los distintos territorios; mientras que los otro 53 permanecerán en Canarias (40) y en Ceuta (13), recibiendo ambas la financiación correspondiente a las plazas para cubrir los gastos generados.
Los gastos que se financiarán con cargo a esta asignación presupuestaria serán los propios de la atención inmediata y la acogida de los menores migrantes no acompañados, y las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social (en acogimiento residencial o en acogimiento familiar), la representación legal y la orientación y asistencia jurídica en los procedimientos de extranjería y asilo.
En la partida destinada a los traslados hay una segunda parte orientada al esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad autónoma. Esta asignación mide proporcional y progresivamente el «esfuerzo estructural» y financiará los posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y de los gastos estructurales.
Ayer se supo que la distancia que separa al PP y al Gobierno sigue resultando abismal, pero lo cierto es que la puerta de los grandes pactos parece no cerrarse del todo. Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso, desveló que se reunió de forma confidencial el pasado 12 de agosto con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, para abordar uno de los asuntos que más centra la atención de los partidos políticos durante estos últimos meses: la acogida de menores migrantes.
La letra del acuerdo
Un encuentro del que, según Tellado, salió una propuesta que serviría para descargar la presión migratoria que se vive hoy en Canarias y Ceuta —en el caso de las islas se contabiliza que a lo largo de 2024 y hasta el pasado 31 de agosto han arribado a sus costas más de 25.000 personas—, y al mismo tiempo, establecer un mecanismo que se pueda aplicar si la problemática se replica en cualquier otra región.
El portavoz del PP explicó —en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces— que el plan implicaría que, cuando los centros que acogen a estos menores superen el 150% de su capacidad, será el Estado el que deba atenderlos en sus propias instalaciones. Eso sí, hasta alcanzar ese 150%, las comunidades seguirían responsabilizándose de los menores, con apoyo del Gobierno. De esta forma, se automatizaría la forma en la que el Gobierno central debe hacerse cargo de los migrantes, para evitar así que se repita en el futuro la crisis que atraviesa Canarias, que acoge actualmente a 6.000 menores extranjeros pese a que solo dispone de 3.000 plazas. El presidente de la comunidad, precisamente, estalló el lunes contra el Gobierno por su «dejación de funciones» frente a la incesante llegada de cayucos y pidió a las ONG que no acepten a más menores migrantes sin la autorización expresa del Ejecutivo.