Junts vincula su apoyo a Sánchez a que el fiscal se querelle contra el juez Llarena
Campo se aparta de deliberar la ley de amnistía y reduce la mayoría progresista del TC
Carles Puigdemont a las inmediaciones del Palau de la Generalitat de Catalunya. ALBERTO ESTEVEZ
Junts amaga con dar por «acabada» su etapa de colaboración con el PSOE que propició la investidura de Pedro Sánchez y, a cambio, la aprobación de la ley de amnistía. En el inicio del curso político, la formación independentista se ha propuesto presionar al presidente del Gobierno para que la ley de amnistía se aplique a todos y cada uno de los investigados en las causas judiciales abiertas a consecuencia del ‘procés’, lo que incluye a Carles Puigdemont, quien según ha dictaminado el Supremo no queda libre pese a la amnistía del delito de malversación de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En base a esta acusación, de ser detenido el expresident se enfrentaría a una pena de hasta doce años de prisión.
La baza con la que juega Junts son sus siete escaños en el Congreso de los Diputados, imprescindibles para que Sánchez mantenga su promesa de completar la legislatura que comenzó hace apenas un año. La primera prueba de fuego será la votación de la tramitación de los Presupuestos para 2025. «Prevaricadores» El secretario general de la formación secesionista, Jordi Turull, encareció ayer los votos de sus diputados y exigió al Gobierno a implicarse más en la defensa de la ley de amnistía. «Pueden ser más activos contra los jueces prevaricadores», afirmó en TV3, la televisión pública catalana. A renglón seguido, el número dos de Junts, que acompañó a Puigdemont en su huida tras la breve estancia del expresident en Barcelona del pasado 8 de agosto, instó a la Fiscalía General del Estado a querellarse contra los jueces del Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía, aprobada en el Parlamento el pasado mayo.
Un juez en el punto de mira
En la diana del independentismo más radical figura el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ desde 2017 y quien mantiene la acusación de malversación contra Puigdemont y una orden de detención contra él en caso de que entre en territorio español.
Junts exige además que el alto tribunal resuelva cuanto antes sus recursos para poder acudir al Tribunal Constitucional, donde el independentismo confía en ganar la batalla de la amnistía. La formación soberanista cree que magistrados del Alto Tribunal han metido en un cajón sus recursos de forma voluntaria y que con esa demora estarían prevaricando, lo cual justifica, a su juicio, una querella.
«Hay que plantarse ante el golpe de estado híbrido de las togas», aseguró. Turull dio a entender que Carles Puigdemont no regresará a Cataluña hasta que el Constitucional resuelva sobre la amnistía. Los soberanistas confían en el Tribunal de Arbitraje. No así en el Supremo, que ayer confirmó el archivo de la causa por terrorismo de Tsunami contra Puigdemont y Rubén Wagensberg.
El primer archivo de la causa no se debió a la ley de amnistía, sino por un error del juez de la Audiencia Nanacional Manuel García-Castellón en la instrucción de la causa. Turull recordó ayer que las delegaciones del PSOE y de Junts volverán a reunirse en Ginebra con mediación internacional este septiembre. Sobre la mesa, los de Puigdemont pondrán el análisis del pacto suscrito entre el PSC y ERC para investir a Illa. El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo ha decidido apartarse de la deliberación y votación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación con el artículo 1 de la ley de Amnistía. El alto tribunal consideró que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y de exclusividad jurisdiccional.
Una renuncia clave
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo ha decidido apartarse de la deliberación y votación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación con el artículo 1 de la ley de Amnistía. El alto tribunal consideró que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y de exclusividad jurisdiccional.
El TC comunicó ayer la decisión de Campo, quien ha planteado su abstención al presidente Cándido Conde-Pumpido, basada en lo establecido en los artículos 22 y 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y en los artículos 217 y 219.10a de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En otras palabras, el magistrado se ha visto obligado a apartarse por su pasado en el Gobierno de Pedro Sánchez y por ser el firmante como titular de Justicia de los indultos parciales a los líderes independentistas condenados en la causa del ‘procés’.