Perelló avisa de que «ningún poder» puede darles órdenes a los jueces

Con apenas 24 horas en el cargo, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se estrenó ayer a lo grande con un discurso de consenso en el solemne acto de apertura del curso judicial, que estuvo presidido por el Rey y que contó con la presencia de la cúpula de la Judicatura y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. La magistrada catalana de 66 años, la primera mujer en dirigir ambas instituciones en sus más de dos siglos de vida, acaparó los focos en el salón de plenos del alto tribunal y logró con su alocución el visto bueno generalizado de los presentes sin distinciones.

Sus primeras palabras fueron para reivindicar, precisamente, el protagonismo creciente de las juezas y magistradas en la carrera y el hecho de que su nombramiento haya roto el techo de cristal en la dirección de la Magistratura, aunque «queda mucho camino por recorrer» para lograr la igualdad plena, admitió. A partir de ahí, Perelló hizo una cerrada defensa de la independencia judicial frente a las «injerencias externas», que no identificó, y clamó contra aquellas críticas excesivas —llegando al «insulto y a la descalificación», describió— de la labor de algunos togados que sobrepasan la libertad de expresión, en referencia a la excesiva politización que se proyecta en la actualidad sobre la actividad del Poder Judicial.

No obstante, el punto central de su intervención tuvo dos referencias indirectas a asuntos de interés que copan la agenda pública: la aplicación de la ley de amnistía por parte de juzgados y tribunales y la causa abierta por el juez de Madrid Juan Carlos Peinado a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta corrupción. Sobre la aprobación de la medida de gracia que permitió la investidura del jefe del Ejecutivo gracias a los votos de Junts, el partido del huido Carles Puigdemont al que el Supremo ha denegado el perdón, la nueva presidenta del Consejo recordó que «los jueces y juezas de este país hemos seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado democrático y de Derecho —subió el tonó— nadie está por encima de la ley», expresó.

Toda una declaración de intenciones después de conocerse el recurso de inconstitucionalidad presentado por la misma Sala Segunda (Penal) del Supremo contra el articulado de la amnistía por vulnerar, entre otros derechos, el principio fundamental de la igualdad ante la ley. Respecto a las críticas excesivas a los jueces y sus resoluciones, o a determinadas instrucciones como la de Peinado sobre Begoña Gómez, que ha derivado en la presentación de dos querellas contra el magistrado por presunta prevaricación administrativa (la del propio Sánchez como presidente del Gobierno y la de su esposa), Perelló expresó que «las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales». Es decir, defendió el sistema de recursos para dirimir las discrepancias jurídicas frente a las acusaciones de que en España se practica el ‘lawfare’ o guerra sucia judicial.

Perelló hizo un llamamiento a las fuerzas políticas y a los poderes del Estado «para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados». «Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica, que, precisamente, nos ayuda a mejorar; pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes», añadió.

Atentos a sus palabras estaban, entre otros, el ministro Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que estuvo acompañado en el encuentro posterior a los discursos por vocales del CGPJ y magistrados del Tribunal Constitucional integrados en el denominado bloque conservador.