SALUD ANDALUCÍA
La intervención revela que el sistema andaluz de salud adjudicó 300 millones a dedo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Caro.
Un informe de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud concluye que el Gobierno de Juanma Moreno abusó en 2021 del sistema de contratación de emergencia ya con la pandemia “muy atemperada” y el marco legal excepcional del Covid derogado, adjudicando a dedo unos 300 millones de euros a empresas privadas.
Según destaca este martes elDiario.es, esta práctica, que vulneró la Ley de Contratos Públicos, se prorrogó hasta 2023, según el informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.
El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que esa decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más previsible que en 2020, por tanto, ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria.
Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021, señala el medio.
La Intervención del SAS, organismo competente para auditar las cuentas autonómicas, emitió un informe definitivo “desfavorable” sobre todos los contratos a dedo que se realizaron durante aquel ejercicio presupuestario de 2021: en total fueron 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.
El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año.
La decisión de la dirección gerente del SAS de seguir haciendo adjudicaciones a dedo hasta finales de 2021, argumenta, supuso ignorar las instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (abril de 2020) y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que, a esas alturas, el recurso a la contratación de emergencia orientado a hacer frente al COVID-19 debía tener “carácter excepcional y residual”.
El informe censura que el Ejecutivo andaluz prorrogase de manera “indebida” y “sin justificación alguna” los contratos a dedo a lo largo de 2021, porque en mayo de ese año el Gobierno central ya había derogado expresamente el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, que permitió a todas las administraciones sortear los controles habituales y agilizar la contratación para dar una respuesta más ágil a la pandemia.
En una de sus alegaciones al informe, la gerencia del SAS resta importancia a esta crítica –“no tiene ninguna virtualidad”– y defiende que tras derogarse el marco legal estatal “continuó vigente la norma que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecía la misma justificación para acudir a la contratación de emergencia”.
El auditor echa por tierra ese argumento y le reprocha que “realice una serie de juicios de valor, que no se entra a analizar por no tratarse de alegaciones a incumplimientos normativos”.
Los interventores del SAS consideran que el estado de alarma en ese momento ya no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones millonarias sin publicidad ni concurrencia.