Diario de León

Maduro amenaza a España tras las palabras de Robles y llama a consultas a su embajador

El PPE espera sacar adelante en Estrasburgo una resolución que reconozca a Edmundo González como presidente

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. JAVIER LIZÓN

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M. ÁNGEL ALFONSO
León

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El alcance de la crisis diplomática entre España y Venezuela se dirimirá a cientos de kilómetros de Madrid, entre Caracas y Bruselas. Con el Gobierno enrocado en la petición al régimen de Nicolás Maduro para que publique las actas electorales antes de reconocer al ganador de las presidenciales, la Asamblea Nacional venezolana —controlada por el chavismo— se dispone en los próximos días a reunir a su comisión permanente para instar al Gobierno de Maduro a suspender relaciones diplomáticas y comerciales con España. Paralelamente, el Parlamento Europeo estudiará una propuesta -similar a la aprobada el miércoles por el Congreso- para reconocer a Edmundo González como legítimo presidente Venezuela.

La crisis escaló este viernes después de que el Ejecutivo de Maduro llamara a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, tras calificar de «insolentes, injerencistas y groseras» unas manifestaciones la víspera de la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificando al régimen como una «dictadura». No es la postura oficial de la Moncloa, como dejó claro el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que evitó usar ese término en un jornada que se torció del todo para la diplomacia española. El Palacio de Santa Cruz estaba vestido de gala para que todos los focos apuntaran a la ‘Reunión de Madrid: por la aplicación de los dos Estados’, a la que asistieron varios ministros del grupo de contacto Árabe-islámico para Gaza, con la aspiración de convertir a España en referente para poner fin al conflicto entre Palestina e Israel. Pero la cita quedó totalmente opacada por la tormenta caribeña que se ciñó sobre la cancillería española.

A primera hora de la tarde, la embajadora venezolana en Madrid partía rumbo a Caracas para terminar de ejecutar un movimiento diplomático clásico que los estados utilizan como herramienta para abordar un problema concreto y revisar relaciones bilaterales. Se trata del paso previo a una posible ruptura que aún no se ha producido y que está en manos ahora de la cámara legislativa venezolana. El Gobierno de Maduro también convocó al embajador español, Ramón Santos, para trasladarle, en la sede del Ministerio de Exteriores venezolano, una queja formal.

Eso sí, Caracas debe andar con pies de plomo, ya que tiene mucho que perder en este pulso si suspende el comercio con España, su tercer cliente solo por detrás de EE UU y China. En 2023 realizó compras a nuestro país valoradas en más de 672 millones de dólares —esencialmente, combustibles y lubricantes—.

Sanciones económicas

No será la única cita clave para dirimir la escalada de la crisis diplomática. El Partido Popular Europeo aspira a sacar adelante el jueves en el Parlamento de Estrasburgo una iniciativa para instar a los países miembros de la Unión Europea a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente «legítimo y democráticamente elegido de Venezuela». Y que hagan «todo lo posible» para que pueda asumir el cargo formalmente el 10 de enero de 2025. Al igual que en el Congreso, no deja de ser una resolución simbólica, que no es de obligado cumplimiento para los socios europeos. Sin embargo, los populares si pretenden poner sobre la mesa, al mismo tiempo, la ampliación del ámbito de las sanciones al propio Maduro, su círculo íntimo, sus familiares y aquellos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país.

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