El TC encara el debate sobre la amnistía tras dos décadas marcado por Cataluña
La corte se asoma a una deliberación más compleja incluso que la del Estatut
Edificio del Tribunal Constitucional de Madrid
El momento del control de la legalidad de la amnistía ante el Tribunal Constitucional ha llegado. Tres meses después de la publicación en el BOE, el 11 de junio, de la controvertida ley que borra los delitos asociados al ‘procés’ independentista en Cataluña, la corte de garantías ha emprendido esta última semana los trámites para resolver la avalancha de recursos contra la norma.
El trabajo al que se enfrenta el tribunal a partir de ahora es de una envergadura notable. En total y hasta el momento, tiene ante sí 20 apelaciones diferentes sobre las que deberán estudiar, debatir y pronunciarse los vocales. Por una parte, hay registradas ya cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: la primera, la elevada por el Supremo que ya ha sido admitida a trámite; y otras tres cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Cada una de ellas cuenta con un ponente diferente y su cifra puede seguir subiendo, porque los tribunales no tienen un plazo fijo para apelar.
Por otra, se han presentado 16 recursos de inconstitucionalidad: uno promovido por el PP, a través de sus diputados y senadores; 14 planteados por los gobiernos y parlamentos de comunidades autónomas en manos de los populares; y la objeción elevada igualmente por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha que lidera el socialista Emiliano García-Page. El TC no resolverá hasta 2025 estas apelaciones. Pero la cascada de iniciativas que dudan de la legalidad de la norma pactada por Pedro Sánchez con Junts y ERC para atar su investidura sitúan ya a la institución que preside Cándido Conde-Pumpido ante un dilema de similar trascendencia al que la desangró por el Estatut. Incluso, de mayor complejidad jurídica, según admiten en la propia corte de garantías, donde recuerdan que entonces se enfrentaron ‘solo’ a siete recursos de administraciones populares y del Defensor del Pueblo, pero no del Supremo y tribunales superiores como sí ocurre en esta ocasión con la amnistía.