El Gobierno se desespera con Junts

La estrategia diseñada por Pedro Sánchez y su equipo en el inicio del nuevo curso político para combatir la sensación de que la legislatura ha entrado en colapso se tambalea y esta semana se enfrenta a una nueva prueba de fuego. El jueves se vota en el Congreso por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria, necesaria para la elaboración de las Cuentas públicas, y Junts, que ya descolocó al Gobierno en julio con su inesperado voto en contra, sigue haciendo bailar sobre él la espada de Damocles de sus decisivos siete escaños. En Moncloa se habían afanado estos días en restar trascendencia a las derrotas parlamentarias infligidas por la formación de Carles Puigdemont desde que entendió que los socialistas no le servirían en bandeja la Generalitat. Pero el viernes, Santos Cerdán, el hombre de confianza de Sánchez para lidiar con Junts, voló una vez más a Suiza para, esta vez, intentar aplacar a Puigdemont y persuadirle de que no vete las previsiones de déficit y deuda. El Gobierno prevé retrasar los Presupuestos hasta ver si sus socios transformados en verdugos giran y enfrían su enojo.

La reunión en suelo suizo se encuadra en el excepcional foro de diálogo, de periodicidad mensual y con mediador internacional, al que el PSOE se comprometió con los independentistas al pactar la investidura. Pero la filtración del encuentro, que los socialistas ni siquiera han confirmado, ha dado cuerpo a la zozobra que recorre al Gobierno, especialmente después de que el martes por la noche Junts le castigara votando con el PP y Vox para cerrar el paso en el Congreso a la ley reguladora del alquiler temporal. Puigdemont respondió a la indignación de las fuerzas del Ejecutivo redoblando su amenaza sobre la iniciativa presupuestaria —«al igual que votamos que no, volveremos a votar que no»—, aunque con anzuelo: «Si la cambian, hablemos».

Eso es lo que han hecho ambas partes en Suiza, sin que el contacto haya servido para despejar qué acabará votando Junts ni cerrado la puerta a otra negociación que pueda dirimirse ‘in extremis’, de atender a lo escrito este sábado en X por Puigdemont. En una llamativa irrupción pública en el contexto de la cita con los socialistas y a modo de réplica a la disposición del PP a explorar el apoyo de los suyos para erosionar al Gobierno, el expresident manejó el suspense al asegurar que la decantación sobre el techo de gasto «no se decidirá con el objetivo de estabilizar o desgastar, sino en función de lo que existe en la mesa de negociación para este caso concreto».

Al margen de sus reivindicaciones soberanistas de fondo, Junts reclama una ejecución plena de las inversiones para Cataluña y la transferencia «integral» de la gestión migratoria a la que el Ejecutivo se avino en enero, con distinta interpretación sobre su alcance, para evitarse otro traspié parlamentario. Sin certeza alguna de poder aprobarlos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha empezado ya a negociar los Presupuestos de 2025 con sus socios de Sumar. Si el Congreso vuelve a echar atrás este jueves los objetivos de deuda y déficit, tendrá que elaborarlos con la senda anterior, la cual —no se cansa de repetir— es más restrictiva y obligará a hacer ajustes a autonomías y ayuntamientos, 300 de ellos gobernados por Junts. El ministro Óscar López los cifró ayer en 12.000 millones mientras la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, la leonesa Ester Muñoz, afeaba a Sánchez que negocie las Cuentas en Suiza con Puigdemont mientras se niega a convocar una Conferencia de Presidentes sobre financiación autonómica.

Pero aunque haya abierto los contactos, lo cierto es que Montero no tiene intención de llevar el proyecto presupuestario a las Cortes en tiempo y forma, antes del 30 de septiembre, como marca la Constitución. Porque, pese a la retórica empleada por Sánchez en las últimas semanas, sí le preocupa no sacarlos adelante.

«Hablaremos ahora y después» En Hacienda esperarán a tener garantías de que las Cuentas tienen apoyos suficientes, aunque también añaden que no dejarán de presentarlas si llegado un punto ven que no tiene sentido seguir intentando un acuerdo. ¿Cuál es ese momento? Todo apunta a que no antes de finales de octubre. Los días 25, 26 y 27 Junts celebra el congreso en el que debe definir su estrategia tras las catalanas del 12 mayo, en las que el independentismo cayó a su peor resultado en 12 años.

Los socialistas esperan que, ejercido por Puigdemont el derecho al pataleo tras la investidura de Illa, su partido se abra a una «reflexión» sobre cómo le conviene resituarse. Pero en la dirección del PSOE también admiten que no pueden fiarlo todo a lo que ocurra en ese cónclave en el que, presumiblemente, el expresident reforzará su liderazgo con un cargo orgánico. «Hablamos con ellos ahora y hablaremos después de su congreso», apuntan en la dirección del PSOE.

Con su mensaje de ayer, Puigdemont quiso dejar clara, por si no lo estaba, su determinación de someter a martirio parlamentario a Sánchez mientras cuida el flanco de su electorado y de la presión de Esquerra avisando al PP de que no dé por hecho que Junts se ha pasado a su bando. «La vocación política» de él y los suyos, remarcó, «no es dar estabilidad ni desgastar a nadie», como tampoco participar de los «bloques ideológicos y las rivalidades domésticas», sino responder al interés de Cataluña. Irán con el Gobierno o con la oposición según les convenga. «Es necesario negociar pieza a pieza», describió el calvario para el Ejecutivo. «Ponernos de acuerdo en una cuestión no prejuzga que en la siguiente lo estaremos. Y al revés: que en una no nos hayamos puesto de acuerdo no presupone que en la siguiente tampoco nos pondremos».