El Senado, en manos del PP, reprobará al ministro Puente por incompetente
El ministro Óscar Puente, en el Congreso.
El Pleno del Senado votará este miércoles una moción del PP, que saldrá aprobada al tener este partido mayoría, en la que se reprueba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su «manifiesta incompetencia» ante las incidencias en la red ferroviaria durante los últimos meses.
Los populare’ explicaron que la iniciativa se produce tras las «innumerables incidencias» ocurridas en los últimos meses, especialmente durante agosto, que afectaron a miles de usuarios en pleno periodo vacacional. De hecho, el grupo del PP ya forzó una comparecencia extraordinaria del ministro para que explicara su gestión en pleno verano, el 23 de agosto, cuando Puente afirmó que «el tren vive en España el mejor momento de su historia», palabras que ha reiterado en varias ocasiones en el Congreso y en el Senado.
La moción hace referencia a los últimos incidentes ferroviarios, como la interrupción de la circulación de trenes de alta velocidad en Atocha durante más de dos horas el viernes 13 de septiembre, que causó retrasos de hasta cuatro horas. También menciona la cancelación de seis trenes y retrasos generalizados en Barcelona el mismo día.
El texto presentado por el PP pide al Pleno del Senado que repruebe al ministro por su «manifiesta incompetencia» al frente del ministerio, su incapacidad para resolver los problemas ferroviarios y su «absoluta falta de respeto» ante las protestas de los usuarios por el caos vivido este verano.
Ante el juez por el caso Koldo
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ tomará declaración como investigado este lunes al ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García para interrogarle sobre el papel que jugó en la adjudicación de determinados contratos para la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama.
El juez Moreno acordó su citación después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción apoyándose en que «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos», según un informe de la UCO.