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Sánchez embauca a Junts con el sumario secreto del imán de Ripoll

El Gobierno negocia un acuerdo para lograr la empatía de los ‘indepes’ en el Congreso

Miriam Nogueras, ayer, a las puertas del Congresofernando alvarado

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EP
Madrid

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El Gobierno está dispuesto a desclasificar la documentación relativa a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 que pueda obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque reitera que el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques terroristas. Así lo aseguran fuentes gubernamentales ante la reactivación de la comisión de investigación del Congreso relativa a esos atentados, donde se da por hecho que algunos grupos pedirán poder consultar la información sobre este asunto que se custodie en el centro que dirige Esperanza Casteleiro.

El PSOE y Junts están negociando un acuerdo sobre el plan de trabajo de este órgano que se creó el pasado mes de febrero, pero que aún no ha empezado a trabajar. Esta comisión, como las que versan sobre la ‘Operación Cataluña’ y el espionaje con el programa Pegasus, nacieron en virtud del pacto que el PSOE alcanzó con ERC y Junts en agosto de 2023 para que hubiera mayoría progresista en la Mesa del Congreso.

Ninguna de las tres ha arrancado, y ahora los grupos han decidido intentar empezar las pesquisas sobre la de los ataques terroristas y la ‘Operación Cataluña’, pero en ambos casos debe aprobarse un plan de trabajo, y en, el caso de la segunda, también las comparecencias que se van a solicitar. Con este objetivo se reunirán este jueves la dos comisiones.

Esquerra y Junts quieren centrar la investigación sobre los atentados en escudriñar el papel del CNI y la relación que tenía con el centro el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los «fallos de coordinación» que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el ‘cerebro’ de la masacre.

Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar (Barcelona) el 16 de agosto, un incidente que, según la sentencia dictada tras el juicio por estos hechos, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar con el atropello masivo que tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona al día siguiente y en ataque llevado a cabo en Cambrils ya el día 18. En total fueron asesinadas 16 personas.

La explosión de Alcanar fue investigada por los Mossos d’Esquadra, que entonces dependían del Govern independentista que presidía Carles Puigdemont, pero en esas primeras horas no se trató como una explosión terrorista, sino como un accidente por acumulación de bombonas de butano. Los planes de los socios del Gobierno no inciden en eso y optan por centrarse en apuntar contra el CNI. Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un «susto» al Gobierno independentista catalán, dado que el espionaje español había mantenido contactos con Es Satty mientras había estado en prisión.

Según su tesis, esos atentados habrían sido un «error» de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible «comando ficticio» para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista tras el 1-0.

La tesis de Junts

Junts defiende que el atentado se había producido por un error de cálculo del CNI