Puigdemont avisa de que la ley de amnistía es insuficiente
Imagen de Carles Puigdemont
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiso este sábado desmentir a quienes desde el socialismo le ven como un dirigente derrotado y a un paso de abjurar de las tesis que ha defendido desde que en 2016 fue elegido jefe del Ejecutivo catalán. En un acto del consejo de la república para conmemorar el séptimo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, advirtió al Gobierno y a quienes en el secesionismo, e incluso en su partido, piden su jubilación de que «no tira la toalla ni la tirará nunca» para conseguir la independencia y de que la tan anunciada etapa de normalización política de Cataluña, proclamada por el Ejecutivo central y por el Govern de Illa, está lejos de ser una realidad. «No puede haber normalidad mientras tengamos que luchar con las manos atadas y con la amenaza permanente», afirmó. Se trataba de un acto ajeno a su partido, por lo que Puigdemont no entró al detalle en la negociación con el Gobierno para el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado de 2025. No hubo, por tanto, amenazas de tumbar iniciativas parlamentarias como el techo de gasto o los Presupuestos pero sí dejó algunas pinceladas, a modo de aviso, para navegantes. La primera: la ley de amnistía está bien y es un gesto (aunque él aún no se ha podido beneficiar de ella), pero considera que es «insuficiente» para «reparar el daño» que, a su juicio, infligió el Estado a los catalanes con las cargas del 1-O, los procesos judiciales contra los líderes del ‘procés’ y la intervención de la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El expresidente de la Generalitat cree que «España debería hacer una reflexión y autocrítica» y pedir perdón por su actuación en octubre de 2017, empezando por el Rey, según el dirigente nacionalista, por el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017.
Y un segundo mensaje: el conflicto político, reconocido como tal por el Gobierno socialista y por los secesionistas, no desaparecerá hasta que el Estado reconozca el derecho de Cataluña a celebrar un referéndum sobre la independencia.